Científicos y diplomáticos de 124 países del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) discuten desde ayer un nuevo documento sobre las consecuencias, impactos y formas de adaptación de la subida térmica por regiones. En Bélgica, el país anfitrión de la conferencia, la temperatura ha aumentado casi un grado centígrado en los últimos 20 años, el doble de la media mundial.

Las zonas que peor se adaptarán al cambio son las del Tercer Mundo, donde la ONU prevé más sequías y más muertes. Según un resumen previo del informe que se aprobará el viernes, hasta 1.700 millones de personas vivirán en zonas sin suficiente agua para la supervivencia en la próxima década y, para 2050, entre el 20 y el 30% de las especies del planeta estarán en peligro de extinción. La región mediterránea será una de las más afectadas, ya que puede convertirse en completamente «árida» y perder sus especies, sus cultivos, su agua y su turismo.

El panel describe el peor escenario posible si la temperatura sigue subiendo y no se recortan los gases de efecto invernadero. El análisis no tiene en cuenta el impacto de la bajada de emisiones entre el 20 y el 30% para 2020 a la que se ha comprometido la UE.

Varapalo a Bush

Por ello, el comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, pidió ayer objetivos obligatorios para las demás potencias, en particular EEUU. «Se tiene que mover», insistía el comisario, que recordó que la «actitud negativa» de la Administración estadounidense no ayuda a que otras naciones menos desarrolladas se unan a los acuerdos internacionales.

Ayer, el Tribunal Supremo de EEUU también dio un varapalo en este terreno al presidente Bush, al dictaminar que la Agencia de Protección Medioambiental (EPA), dependiente del Gobierno, puede regular las emisiones contaminantes que están provocando el cambio climático, en contra de lo que mantenía la Casa Blanca. La máxima instancia judicial estadounidense señaló que la EPA «no ha ofrecido explicaciones suficientes» sobre su negativa a regular el dióxido de carbono y otras emisiones contaminantes generadas por vehículos.

En una decisión que contó con cinco votos a favor y cuatro en contra, el Tribunal dijo que la Ley de Aire Limpio (Clean Air Act) otorga a la EPA el poder para regular las emisiones de dióxido de carbono y otros gases invernadero generados por los vehículos.