Fernández-Armesto, doctor en Derecho y abogado de profesión, fue el primer presidente de la CNMV con la llegada a La Moncloa de José María Aznar. Pero renunció a un segundo mandato, a raíz del escándalo de las stock options del ex presidente de Telefónica, Juan Villalonga. De nada había servido su empeño en mejorar la transparencia del mercado, al aprobar el Código Olivencia para el buen gobierno de las empresas cotizadas. Y menos que llegara a inspeccionar a 3.000 personas en la actividad de compraventa de valores. Su enérgica tarea se había truncado a raíz del supuesto uso de información privilegiada, en 1998, por Villalonga, que le ocasionó un duro enfrentamiento con el vicepresidente del organismo, Luis Ramallo. Fernández-Armesto se atribuyó la reapertura de un expediente sancionador contra el responsable de la operadora que se cerró en 1998 sin sanción. La guerra continuó hasta que el empresario dimitió.

La situación desató fuertes críticas de la oposición, que acusó al Gobierno de minar la credibilidad e independencia de la CNMV, al considerar que el Ejecutivo había interferido en la reapertura y posterior cierre sin consecuencias del expediente contra Villalonga.Fue entonces cuando el también socio del bufete Uría y Menéndez decidió tirar la toalla. Antes de irse, sancionó a Gescartera, pero autorizó su conversión en agencia de valores. Una decisión por la que se pidió su imputación pero que la juez Teresa Palacios rechazó.