El tirón de orejas lo ha dado la Dirección General de Medio Ambiente de la CE después de que tres organizaciones conservacionistas -la Asociación Nacional para la Defensa de los Animales (Anda), la Liga para la Defensa del Patrimonio Natural y la inglesa Born Free Foundation- denunciaran, el pasado mes de octubre, que en la mayoría de los zoológicos que hay en España no se realizan inspecciones periódicas para garantizar que cumplen sus obligaciones en cuestiones de conservación, bienestar animal y educación.

«En España hay unos 130 zoos», explicaba ayer Alberto Díaz, director de Campañas de Anda, «pero sólo existe uno, en Navarra, que cumple con la directiva. El resto, o no realiza inspecciones, o no cuenta con un sistema de inspección adecuado. O sea, que todos menos uno se mueven en la ilegalidad».

La CE recuerda a las «autoridades competentes» -es decir, las comunidades autónomas, porque las competencias están transferidas- que todos los zoológicos tienen que tener una autorización válida que se controla con inspecciones periódicas. Si no cuentan con ella, tendrán que cerrar. Pero la realidad es que, en la práctica, no se clausura ninguno en nuestro país.

El Gobierno, representado por el Ministerio de Medio Ambiente, tendrá que responder a la CE en un plazo de dos meses y presentar las alegaciones que crea convenientes a este expediente sancionador. En función de la respuesta, la CE valorará si sigue adelante o no con el proceso. Durante este tiempo, el Gobierno aún tiene la oportunidad de adaptarse a la directiva sin ser sancionado.