A Zapatero no le podía salir mejor la jugada y a la economía de mercado, peor. Porque estamos ante uno de los episodios más sintomáticos de que en España la libertad económica tiene los pies de barro. El intervencionismo del poder político ha presidido de principio a fin la venta de la principal eléctrica española, que va a acabar lamentablemente troceada: todos sus activos en Europa pasarán a manos de E.ON, pero la parte del león se la quedarán Enel y Acciona, es decir, los favoritos del Gobierno.

Todo se ha hecho con descaro y alevosía: primero, Montilla y Sebastián apadrinaron la oferta ridícula de Gas Natural, que valoró la eléctrica en la mitad de lo que se ha demostrado que vale; después, se torpedeó -burlando la ley y sin rubor al ridículo internacional- la OPA de E.ON, y tuvo que intervenir la Comisión Europea para poner al Gobierno en su sitio; finalmente, a modo de desquite, se ha auspiciado la entrada de la italiana Enel, a la que se le han dado todas las ventajas para convertirse en el accionista mayoritario y anunciar una OPA cuando la otra ya estaba en marcha; todo ello rodeado de una grave sospecha de concertación con Acciona. Para colmo, cuando el presidente del órgano regulador ha intentado poner algo de rigor y seriedad, se ha visto desautorizado por el resto de los consejeros de la CNMV, cuya composición depende del Gobierno.

Enel y Acciona subrayaron ayer que mantienen la OPA anunciada a 41 euros -estaban obligados a ello- de manera que no habrá accionistas perjudicados por la retirada del grupo alemán. Pero sí que han quedado gravemente dañados principios tan esenciales como la transparencia del mercado y la seguridad jurídica. Por un lado, el mensaje que el Gobierno manda a los empresarios es el de que hay que contar con el favor del poder político para operar en España. Por otro, a quienes en la Administración tengan la tentación de hacer su trabajo de forma independiente y honrada aun a costa de incomodar al Gobierno, se les enseña el cadáver de Conthe.

La operación político financiera urdida en torno a Endesa deja dos efectos positivos: la presidencia de la compañía seguirá ocupada por un español -José Manuel Entrecanales- y Viesgo, filial de Enel, que pasa a poder de E.ON, operará en España como cuarta eléctrica, lo que puede favorecer la competencia. Pero ello no puede compensar lo obvio: el descrédito de las instituciones. Las promesas de regeneracionismo y de no intervencionismo con las que llegó Zapatero a La Moncloa han quedado en papel mojado. Al menos sobre el parqué.