La magistrada, Miriam de Rosa Palacio, ha impuesto a José Antonio García Mendoza, entonces jefe de zona, y Francesc Archs Lozano, jefe de mantenimiento, una pena de seis meses de prisión y una multa de 3.600 euros cada uno por un delito de incendio forestal por imprudencia grave.

La sentencia considera probado que el origen del fuego fue el mal estado de la línea eléctrica. Precisamente, esta decisión judicial no es tan relevante por la cantidad de hectáreas que se quemaron (200), si no por el hecho que se condene Fecsa por unos hechos por los que siempre ha estado en el punto de mira, como es la presunta falta de mantenimiento y conservación de su líneas.

Una acusación que la llevará dentro de 15 días (el 16 de abril) a sentarse de nuevo en el banco de los acusados por el gran incendio de 1998, que afectó 27.000 hectáreas del Bages y el Berguedà, y pocas semanas después por el que calcinó 45.000 hectáreas y provocó cinco muertos, también en estas dos comarcas. En estos dos casos, el juicio será en la Audiencia de Barcelona.

La magistrada atribuye a los dos condenados la responsabilidad de no haber corregido unas deficiencias de la línea y por ello les obliga a pagar una indemnización de 849.254 euros en concepto de responsabilidad civil a varias instituciones y particulares, entre ellos la Generalitat, el Ayuntamiento de Gaià o la Agrupación de Defensa Forestal (ADF) Tres Branques de Gaià. Los tres acusados absueltos son Agustí G. M. P. -a quien la acusación particular le retiró los cargos durante la vista-, Alfons C. L. y Jordi Z. S.

Las penas impuestas son muy inferiores a las solicitadas por la acusación particular, que pedía una pena de entre dos años y medio y tres años de prisión para todos los imputados. El fiscal de Medio Ambiente, Joaquín Pérez de Gregorio, por su parte, había solicitado diez meses de prisión y una multa de 18.000 euros para José Antonio García y Francesc Archs, que fueron los dos únicos a los que acusaba. En responsabilidad civil, la acusación reclamaba 3.316.256 euros. La defensa, en cambio, pedía la absolución de todos los acusados. El gran volumen de tomos (12) y de folios (más de 2.000) obligó a celebrar el juicio en cuatro sesiones, que se llevaron a cabo en el Juzgado Penal 1 de Manresa entre enero y febrero.

En su decisión, la magistrada considera probado que el origen del incendio fue «el deficiente estado de mantenimiento y conservación» de la línea eléctrica que transcurría por Genescà, concretamente en la zona donde se encontraban los dos palos que fueron centro de atención durante el juicio. Según la magistrada, queda demostrado que estos soportes de madera estaban podridos por su base y que la compañía lo sabía pero no los sustituyó. La magistrada cree en la veracidad de las declaraciones de la defensa cuando dijo que en el año 1996 se realizó una revisión exhaustiva de esta línea.

Por eso, cree que, con más motivo, se tuvieron que detectar las deficiencias que ofrecían los palos, pero que, aun así, no se decidió sustituirlos. En este sentido, señala a los dos condenados como las personas que tenían potestad para tomar la decisión y no los otros tres imputados.

Según la sentencia, la caída de los palos hizo que un cable tocara un árbol y provocare un cortocircuito. Entonces, «las chispas que se derivaron provocaron el inicio del fuego, tras prender en el suelo seco». La corriente de este cortocircuito por contacto entre conductores encontró un punto débil en la zona de Vilagaià, «a causa de las conexiones y desconexiones que se sucedieron», lo que provocó una fusión, la rotura de un conductor y el inicio de otro foco.