Según la juez, los cuatro años de instrucción de este procedimiento del jurado no son imputables a la inactividad de la oficina judicial, por la que han pasado tres jueces titulares y dos sustitutos en este intervalo de tiempo.

Tras el repaso a la causa, que dispone de siete volúmenes y 1.832 folios, el informe pone de manifiesto que la instrucción nunca se paralizó en un sentido estricto, y que en cualquier caso fueron retrasos atribuibles a otros organismos los que han dilatado por acumulación el procedimiento.

Así, la juez señala en su informe, según fuentes del TSJC, que las pruebas de ADN del Servicio de Criminalística de la Dirección General de la Guardia Civil tardaron 18 meses: desde que se pidieron, el 4 de junio de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2004, habiendo enviado tres oficios desde el juzgado recordando que estaba pendiente.

Además, el informe ha puesto de manifiesto que se detectan problemas de excarcelación de los imputados en el trámite de realizarse una prueba pericial médico-forense, y que tardó nueve meses en practicarse. «Durante todo este tiepo el juzgado reiteró y tramitó que se pudieran realizar estas pruebas».

Otra de las dilaciones más destacadas se refiere a los problemas de notificación de la providencia de la juez de fecha 5 de julio de 2005, que fue anulada al no haberse dictado en forma, esto es, como un auto. «Ninguna parte alertó de este error», apunta la juez en su informe, y en concreto fue la Fiscalía la que, un año después, observó que la oficina judicial de Martorell no le había notificado la providencia. En cuanto lo comunicó, «el mismo día la juez rectificó con rapidez», señala el informe.

La cuarta gran dilación del procedimiento se produjo cuando la Audiencia de Barcelona estimó el recurso del fiscal, que pedía la práctica de una segunda prueba complementaria de ADN que le denegaba el juzgado de Martorell, y que tardó tres meses en poderse ejecutó.

La presidenta del TSJC, Maria Eugènia Alegret, remitirá el expediente a la Sala de Gobierno del TSJC próximamente para analizar los problemas de tramitación de la causa y decidir si es necesario adoptar medidas «en relación a todas las instancias implicadas en el retraso».

Se da la circunstancia de que la Sala de Gobierno del TSJC ya había solicitado al Consejo General del Poder Judicial que consolidara las plazas de los juzgados elevando la categoría de sus titulares de jueces a magistrados, lo que reduciría su itinerancia.

«La conversión del juzgado en categoría de magistrado permitiría contar con una mayor estabilidad de jueces, secretarios y funcionarios que aportaría una mayor experiencia profesional», razonaba en fecha 31 de enero pasado un acuerdo por unanimidad de la Sala de Gobierno.

Para el TSJC, «de lo anterior se desprende que la población existente, la conflictividad social, el incremento paulatino de la población de derecho y de hecho existente, así como la carga competencial hacen ineludible la pronta conversión del partido en categoría de magistrado».

El TSJC advirtió también la existencia de grandes infraestructuras, un centro psiquiátrico, un centro penitenciario, 4.200 centros de cotización, así como un volumen importante de conflictividad social.

El pasado 6 de febrero, el magistrado presidente del jurado que enjuiciará el caso acordó anular las actuaciones y devolver la causa al juzgado de instrucción porque no se había realizado un ofrecimiento de acciones en forma a la responsable civil subsidiaria que deberá asumir el pago de la indemnización que pueda ser fijada en sentencia. En estos momentos, el juzgado de Martorell espera la práctica de unas diligencias solicitadas por esta parte.

El caso que ha llevado a la excarcelación de dos presuntos homicidas por las dilaciones en la tramitación del proceso se remonta a abril de 2003, cuando un joven de 27 años murió a consecuencia de siete puñaladas que supuestamente le propinaron Ruben T.D.y Juan Manuel R.C. a la salida de la discoteca Open de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat).