MARIA PERAL
MADRID.-
La Fiscalía General del Estado envió ayer un oficio al director general de la Policía y de la Guardia Civil, Joan Mesquida, para instarle a que, «de forma inmediata», curse las órdenes oportunas con el fin de que los servicios de información de ambos cuerpos policiales abran investigaciones sobre la posibilidad de que Batasuna intente concurrir a las elecciones del 27 de mayo bajo la cobertura de agrupaciones electorales.
Ésta es la respuesta de Cándido Conde-Pumpido al anuncio de los dirigentes de la ilegalizada Batasuna de que la izquierda abertzale participará en los próximos comicios municipales y forales a través de plataformas electorales.
Pocas horas después de que el Ministerio Público y la Abogacía del Estado registraran en la Sala del 61 del Supremo sendas demandas para que el Alto Tribunal impida la legalización como partido de Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB) por su «directa vinculación» con la formación ilegalizada, Pernando Barrena, Arnaldo Otegi y otros miembros de la Mesa Nacional de Batasuna convocaron una rueda de prensa en San Sebastián en la que dijeron que la actuación de la Fiscalía es de una «gravedad absoluta».
En el acto, al que asistieron dos de las tres promotoras de ASB (María Jesús Fullaondo y Juana Regueiro, también integrantes de la dirección de Batasuna, según informes policiales adjuntados a las demandas), Barrena anunció que la izquierda abertzale responderá con un «iniciativa política» que tendrá «los mismos parámetros y objetivos que ASB».
La iniciativa consistirá en la presentación de agrupaciones electorales, para lo que hizo un llamamiento a la ciudadanía vasca con el fin de reunir las firmas necesarias hasta el próximo día 22. Ayer se supo que el propósito es concurrir bajo una denominación común, que será la marca Abertzale Sozialistak precedida del nombre de cada localidad.
El escrito del Ministerio Público a Mesquida insta a Interior a que la Comisaría General de Información de la Policía y los servicios de información de la Guardia Civil comiencen a recopilar datos sobre las agrupaciones electorales que Batasuna haya empezado a poner en marcha y los envíen a la Fiscalía «a la mayor brevedad». Además, reclama que el Ministerio que dirige Alfredo Rubalcaba actualice los informes periódicamente, al menos de forma semanal.
Fuentes de la Fiscalía indicaron que esta institución está preparada para la impugnación de las agrupaciones electorales sobre las que existan indicios de conexión con Batasuna, algo que tendría que hacer en un plazo muy breve: entre el 2 y el 3 de mayo ante la Sala del 61 y, con posterioridad, entre el 3 y el 8 de mayo, ante el Tribunal Constitucional (TC).
Batasuna ya optó por esa vía para las elecciones municipales de mayo de 2003, dos meses después de su ilegalización. En aquella ocasión, la Fiscalía impugnó 243 listas abertzales ante el Supremo (que ilegalizó 241) y luego presentó alegaciones sobre la mayoría de los 407 recursos de amparo presentados ante el TC.
En las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2004, el Ministerio Fiscal logró la ilegalización de otra agrupación electoral, Herritarren Zerrenda, y en marzo de 2005, con motivo de las elecciones al Parlamento vasco, de la de Aukera Guztiak.
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