Ocurrió entre el jueves pasado en las entrañas del Consejo Presbiteral, un órgano consultivo del arzobispo formado por vicarios de zona, sacerdotes elegidos por otros sacerdotes y curas nombrados por el propio Rouco. En total, unas 50 personas.

En la reunión, el cardenal explicó que San Carlos Borromeo no sigue la liturgia y la catequesis oficiales, y justificó su decisión en las órdenes de Roma y en las denuncias -anónimas y firmadas- que se amontonan en el Vaticano y en el obispado contra Javier Baeza, Enrique de Castro y Pepe Díaz, los tres curas de un lugar incómodo para los sectores conservadores por su ecumenismo y por su «opción preferencial por el pobre», oración de cabecera de la Teología de la Liberación.

Al extremo más vaticanista de la Iglesia no sólo le molesta la cercanía de San Carlos Borromeo a esa teología perseguida por Roma, sino los modos externos que los tres curas tienen de celebrar la Eucaristía y proclamar la fe en Jesús. Para las Comunidades Neocatecumenales, el Opus Dei o los Legionarios de Cristo, oficiar la misa en vaqueros, comulgar con bizcocho o no tener confesionarios en el templo es intolerable.

Así que en el Consejo Presbiteral de la semana pasada todos los sacerdotes votaron a favor de la clausura de la parroquia. Excepto uno, que alcanzó a abstenerse.

Pero, fuera de la votación, religiosos cercanos a los movimientos católicos conservadores pidieron a Rouco que fuera más allá y suspendiera a divinis a los tres curas de Vallecas. La suspensión a divinis implica la prohibición de administrar sacramentos o celebrar eucaristías, una inhabilitación para ejercer el sacerdocio. O sea, una expulsión en regla. No es la excomunión, pero supone un castigo mayúsculo para cualquier hombre que haya elegido el sacerdocio como modo de vida.

Sin embargo, el cardenal Rouco se opuso. Argumentó que el cierre de la parroquia como templo y la petición a los tres curas de unirse a Cáritas es suficiente muestra de autoridad regional, ortodoxia litúrgica y obediencia al nuevo Papa.

Y en esa línea habló ayer el arzobispo de Barcelona. Lluis Martínez Sistach dijo que hay elementos «importantes y sustantivos» que justifican el cierre. «Cerrar una parroquia es muy serio, se ha de pensar muchísimo. Si una parroquia hace algo que no es lo que es la Iglesia, no hace ningún bien», dijo a TV3.

Frente a quienes justifican la orden de Rouco, sigue multiplicándose la solidaridad con los curas castigados. Un ejemplo lo dio ayer el periodista Vicente Romero, que, para manifestar su «indignación y protesta por el cierre de la parroquia», decidió devolver el premio que la Conferencia Episcopal le concedió en 1999 por sus reportajes en TVE sobre la labor de los misioneros españoles. «Lo devuelvo por coherencia con lo que de ellos aprendí, con los valores que transmiten y con su lucha por un mundo más justo conviviendo con los más pobres. Estoy seguro de que respaldan mi decisión. Le ruego que mi nombre sea tachado de los listados de los Premios Bravo», solicitó ayer Romero al presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación.

También volcó su apoyo Pedro Zerolo: «Yo no soy creyente, pero mi cura es Enrique de Castro». El secretario de Movimientos Sociales del PSOE empezó como abogado en Entrevías. Hoy cree que San Carlos Borromeo demuestra que «otra Iglesia es posible». «Es un lugar de encuentro, ecuménico, donde nadie es excluido y se practica el discurso transformador de Jesús», dijo.