Las dudas se plantean en el plano jurídico, por la posibilidad de que -cuando entren en vigor- los nuevos tipos penales colisionen con principios constitucionales como la presunción de inocencia. También se teme que colapsen los juzgados, que ya están sobrecargados de trabajo.

Las modificaciones del Código Penal aprobadas en junio pasado pretenden que los tribunales contribuyan a reducir las más de 4.000 muertes que el tráfico se cobra cada año en España. Casos como el del conductor absuelto el pasado mes de marzo, tras haber sido sorprendido circulando a 260 km/h alimentan la imagen de unos jueces poco sensibles con los delitos de tráfico y desesperan a la Fiscalía General del Estado y a la Dirección General de Tráfico (DGT), que han prometido dureza con los infractores.

«En Derecho Penal, en cada caso hay que atender a las circunstancias particulares y a principios como la presunción de inocencia, que se van a seguir aplicando», explica Jaime Tapia, portavoz de Jueces para la Democracia.

Los nuevos tipos penales tratan de ponérselo más fácil a los jueces. Castigarán con prisión actitudes condenadas socialmente desde hace tiempo, como despreciar la vida de los demás. Además, fijan unos límites a partir de los cuales un conductor es «temerario»: expirar una tasa de 0,6 mg de alcohol por litro o circular a más de 100 km/h en la ciudad y de 190 km/h en vía rápida. Estas conductas podrán penarse con condenas de entre tres meses y dos años de prisión.

Pero no parece suficiente. «Los jueces son conscientes del desprecio de ciertos conductores», matizan en la asociación Francisco de Vitoria, «pero hay que actuar con cautela ante la regulación de conductas genéricas».

El de las penas por superar los límites de velocidad es el asunto más espinoso. Bartolomé Vargas, fiscal de Seguridad Vial, ya ha señalado que la mayor parte de las condenas de prisión serán sustituidas por trabajos para la comunidad. Convergència i Unió considera necesario estudiar si estos límites son adecuados para toda la red de carreteras, teniendo en cuenta la cantidad de infractores que pasarán por los juzgados.

Existe, además, inquietud por la cantidad de casos que podrían llegar a los tribunales a través de la red automatizada de 500 radares que vigilará las carreteras desde 2008 o por las campañas especiales de control que establece la DGT, que generan cientos de miles de denuncias.

«El incremento de procedimientos penales supondrá una carga de trabajo que difícilmente podrá ser asumida por las actuales plantillas de los juzgados y tribunales», advierten en la asociación Francisco de Vitoria.

La Administración no dispone de estadísticas que permitan adelantar el volumen de trabajo que llegaría a los juzgados. Sin embargo, Francia, que en muchos casos se usa como modelo en la lucha contra la siniestralidad, tiene experiencia en este sentido.

El tráfico, con 272.000 condenas anuales, representa ya un tercio de los delitos sancionados, según publicaba en febrero el diario Le Monde.

El Derecho Penal vigente hacía innecesarias las reformas, según Jueces para la Democracia. «Probablemente se pueda conseguir más mediante mejora de las carreteras o campañas de concienciación, que a través del endurecimiento del Código Penal o la creación de nuevos tipos penales, que luego eventualmente tienen problemas de aplicación», concluye Tapia.