Fuentes próximas al consejo aseguran que los actuales gestores esperarán hasta conocer las explicaciones en el Congreso de Manuel Conthe. Los consejeros consideran que la dimisión del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) respalda la tesis defendida por la cúpula directiva de Endesa. A saber, que Acciona y Enel se han saltado la ley al reventar la OPA de E.ON anunciando una futura oferta.

Este convencimiento explica por qué el consejo de la eléctrica recomendó la propuesta alemana en su última reunión. En la nota emitida el pasado lunes 26 de marzo, valoraba «favorablemente» la OPA alemana y recomendaba a los accionistas que «acudan a ella». Cuando los miembros del consejo firmaron el comunicado, ya conocían el acuerdo sellado por el grupo italiano y la constructora, que anticipaba una oferta superior (41 euros frente a los 40 de E.ON). Tenían asumido, por tanto, que la operación diseñada en Dusseldorf contaba con escasas posibilidades de éxito. Sin embargo, aprobaron por mayoría recomendar la OPA y anunciaron la venta de todas sus acciones -excepto un paquete simbólico de 50- al grupo alemán.

Las explicaciones que aporte Conthe -si es que el Gobierno se lo permite- podrían poner en evidencia a la CNMV. La mayoría del consejo del organismo regulador hizo oídos sordos a las quejas de E.ON y a la oposición de su propio presidente, y aprobó la operación hispano-italiana. Aunque impuso un requisito para la ejecución (seis meses a partir de la conclusión de la OPA alemana), la decisión de autorizar la nueva oferta asestaba un golpe mortal al proyecto de la compañía alemana.

Fuentes cercanas al consejo recuerdan, además, que el Ejecutivo tendrá que justificar la concesión de derechos políticos a Enel, limitados al 3% por la actual normativa. En teoría, la compañía italiana no puede ejercer en Endesa todo el poder inherente a su participación accionarial, debido a la presencia del Estado italiano en su capital.

La Disposición Adicional 27 de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 1999 se creó, paradójicamente, para proteger a empresas como Endesa de grandes compañías públicas. En su momento, tanto la francesa EDF como la propia Enel suponían un serio peligro para los intereses del sector energético español.

La normativa en cuestión, impulsada por el ex vicepresidente económico Rodrigo Rato, aún sigue en vigor. No obstante, su sucesor en el cargo, Pedro Solbes, ya ha insinuado su intención de abolir las restricciones, para ajustarse a las exigencias de la Comisión Europea. El problema es que el mismo Solbes defendió hace 13 meses un decreto anti E.ON, creado expresamente -y sobre la marcha- para espantar a los grupos extranjeros de la pelea por Endesa.

Participación estatal

Enel no sólo es foránea sino que, además, está controlada por el Estado. Por tanto, le afectan tanto el mencionado decreto como la ley Rato. El Ministerio de Economía italiano controla el 21,4% de Enel. Y es el propietario indirecto de otro 10,2%, en manos de la Cassa Depositi e Prestiti. El resto de los títulos (algo menos del 70%) están en manos de fondos de inversión, pequeños inversores, fondos de pensiones y otras instituciones financieras.

En principio, el acuerdo de Enel y Acciona asegura una gestión compartida y una presidencia española, que recaerá en José Manuel Entrecanales. Sin embargo, la presencia del grupo italiano en el capital será mucho más abultada. Según los términos del pacto, podrá adquirir hasta un 75% de los títulos de Endesa, ya que Acciona ha limitado su participación al 25%. Además, el acuerdo encierra una cláusula que permite la salida anticipada de la constructora. Por el contrario, no baraja la hipótesis de que sea Enel quien abandone el barco para dejar Endesa en manos totalmente españolas.

El pacto adelanta qué medidas tomarán los socios en caso de que existan «discrepancias irreconciliables después del tercer año de vigencia del acuerdo». Las posibles diferencias «podrán resolverse también mediante la división de los activos de Endesa o, alternativamente, mediante el ejercicio por parte de Acciona de una opción de venta de sus acciones en Endesa y en la sociedad holding».

Si el consejo de la eléctrica opta finalmente por llevar a los dos compañías a los tribunales, contará con el apoyo del PP. El portavoz adjunto de los populares en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte, se mostró partidario el pasado miércoles de que la Fiscalía Anticorrupción intervenga en el proceso de OPA, para frenar las «ilegalidades» cometidas por Enel y Acciona. Pujalte recordó que el propio presidente de E.ON, Wulf Bernotat, ha renocido públicamente que el grupo italiano y la constructora «han cometido ilegalidades».