La documentación remitida por la entidad, que preside el sacerdote Santiago Gómez Sierra, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) revela que las dos formaciones políticas arrastran varias cuentas de créditos, préstamos y avales en situación de «dudoso total». El impago sumó 4,79 millones de euros al término de 2006. Un año antes, los dos partidos tenían en mora sólo 459.000 euros. Curiosamente, el informe también desvela que el Partido Andalucista (PA) ha dejado de ser un cliente moroso. Éste, en 2005 tenía una cuenta de crédito vencida por importe de 210.000 euros, así como dos préstamos por 192.000 euros. Transcurridos 12 meses, el PA ya no aparece en la lista de créditos a grupos políticos con representación en las corporaciones locales y asambleas legislativas autonómicas que han participado en el proceso electoral de Cajasur. En su lugar, sí aparece el PSOE, que tiene concedidos hasta nueve préstamos por un total de 520.350 euros y que paga, de momento, religiosamente.

La formación que lidera Gaspar Llamazares es la que goza de un trato favorable por parte de la entidad. A pesar de su maltrecha situación financiera, la caja ha permitido a IU y al PCE elevar en un 943% su morosidad en sólo un año.

Y es que Cajasur atraviesa una etapa convulsa tras casi dos años de tranquilidad. El primer sobresalto tuvo lugar hace un mes, cuando Francisco Rodríguez, responsable del Grupo de Empresas y director adjunto de la entidad, fue destituido. Era el primer episodio traumático desde la sonada marcha del sacerdote Miguel Castillejo, que presidió la caja con un estilo muy personalista durante 28 años y que acabó con un enfrentamiento a cara de perro con la Junta de Andalucía.

La salida de Rodríguez se produjo después de que el Banco de España detectara que la institución crediticia había contraído riesgos inmobiliarios. Esa no era la primera vez que Cajasur recibía un tirón de orejas. La acumulación de riesgo crediticio asumida con Arenal 2000, empresa propiedad del controvertido joyero y promotor inmobiliario Rafael Gómez Sandokán, imputado posteriormente por cohecho en la operación Malaya, también valió un informe con observaciones contrarias del supervisor, que inevitablemente ponía en entredicho la gestión de Castillejo.

La remodelación completa de Cajasur culminó hace poco. El viernes pasado se acordó suprimir el área de servicios institucionales y jurídicos, al frente de la cual estaba Diego Jordano, último bastión de la era Castillejo, y objeto de notables rencores por parte de la Junta de Andalucía y del PSOE.

No han faltado voces en los círculos económicos que relacionan la salida de Jordano con un deseo de la caja de escenificar la docilidad frente al poder autonómico. Desde que se fue Castillejo, Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucía, y José Antonio Griñán, consejero de Economía, han suavizado sus declaraciones sobre la caja cordobesa. Chaves fue el primero en decir que la Junta respetaba al «la autonomía e independencia» de la entidad, tas haber ordenado una auditoría interna.

Juan Moreno, que dejó su cargo en enero al cumplir 75 años, fue el sustituto de Castillejo y el piloto de la transición que devolvió a la caja a la tutela autonómica, repartiendo poder entre instituciones y partidos sin apenas sobresaltos, defendiendo la parcela de poder de la Iglesia y mimando la relación con la Junta, que lo despidió con aplausos. Moreno entregó la presidencia a Santiago Gómez Sierra, su sustituto, aunque aún quedaban algunas decisiones por tomar, aparcadas durante un tiempo para no agitar el ambiente. Pero en sus sus tres meses al frente de Cajasur, ya ha tenido que afrontar la destitución de un alto cargo y la marcha de Jordano.