Los siete detenidos en la operación contra ETA desarrollada la semana pasada en el País Vasco y Navarra han denunciado haber sufrido torturas. En sus relatos aseguran que han sido golpeados, obligados a permanecer de pie hasta un día entero, que se les ha practicado asfixia con bolsas y, uno de ellos, afirma incluso que fue violado con un palo. Sus testimonios, difundidos ayer ampliamente por los medios de comunicación abertzales, sirvieron de argumento a Batasuna para denunciar la «violencia» del Gobierno y su «falta de voluntad» para avanzar en el proceso de paz.
La verosimilitud de estas denuncias es mínima, por no decir ninguna. ETA alecciona a sus miembros para que declaren, por sistema, haber sido objeto de malos tratos, los hayan sufrido o no. Les instruye incluso sobre el tipo de abusos que deben alegar, y así lo hacen, ya sea la Ertzaintza quien les detiene o la Guardia Civil. Pero en el caso concreto que nos ocupa, las garantías para los detenidos han sido totales. Un forense ha estado visitándoles a diario en dos ocasiones, y tres de ellos han pasado revisiones de dos médicos. Ninguno de los facultativos advirtió lesiones ni signos de violencia. Es imposible que, si hubieran existido torturas, ellos no las hubieran detectado. También es significativo que al único de los siete detenidos que no ha ingresado en prisión se le haya puesto en libertad sin agotar el plazo que permite la ley. Si hubiese signos de malos tratos y se hubieran intentado ocultar, no se habría procedido así. Es sospechoso, por último, que las denuncias de torturas se realicen ante los medios de propaganda de la izquierda abertzale y no ante los tribunales.
El Gobierno no debería dejar pasar la ocasión sin presentar una querella por calumnias. La acusación de torturas tiene su efecto: acrecienta el clima de violencia, da argumentos a los radicales y se utiliza como ariete contra el Estado de Derecho y la calidad de nuestra democracia, incluso a escala internacional. Hace cuatro años, Angel Acebes, entonces ministro del Interior, se querelló en un caso similar contra el director de Egunkaria por calumnias cometidas contra las Fuerzas de Seguridad. Tras un primer archivo por cuestiones procedimentales, el momento de reactivar la denuncia coincidió prácticamente con el 11-M y el cambio de Gobierno, y ya no se retomó el asunto. Veremos qué decisión toma ahora Pérez Rubalcaba cuando el entorno de ETA lanza la campaña más fuerte por torturas de los últimos años. No debería cruzarse de brazos.
Lo que parece claro es que Batasuna trata de calentar el ambiente y utilizar estas denuncias para movilizar a sus simpatizantes de cara a la campaña electoral. Además, el argumento le permite cargar las tintas contra el Gobierno y presentarle como único responsable del fracaso del proceso de paz. Y eso pese a que parece contradictorio y difícilmente explicable que con una mano el Ejecutivo alentara o permitiera que las Fuerzas de Seguridad torturaran a los etarras -como dice Batasuna- mientras con la otra, la de la Fiscalía, esté librando a su líder Otegi de las acusaciones penales por enaltecimiento del terrorismo.
|
