«Esto va más allá de la simple burla política, de la tomadura de pelo o de la triquiñuela nacionalista, puesto que el Govern está vulnerando una vez más un derecho fundamental», explica el candidato del PP a la alcaldía de Barcelona, Alberto Fernández Díaz. En su opinión, la Fiscalía debería tomar cartas en el asunto, porque con esta conducta la Generalitat está «incumpliendo la ley de forma grave e, incluso, podría estar cometiendo un delito de prevaricación».

La ley de Política Lingüística obliga a la Generalitat a preguntar a los padres en qué idioma quieren que cursen sus hijos la educación Primaria, catalán o castellano. Sin embargo, los padres nunca han tenido la posibilidad de manifestar sus preferencias en los impresos de preinscripción, ya que no existe ninguna casilla en la que puedan indicar si quieren que sus hijos estudien en español.

La inexistencia de esta casilla es en realidad una tradición que arranca de la época en que gobernaba CiU, que se mantuvo durante el tripartito de Pasqual Maragall y, ahora, también con el de José Montilla. En realidad, la Generalitat no ha querido dar la opción a los niños de hasta ocho años de estudiar en castellano para no romper el sistema de inmersión lingüística que opera en la escuela catalana y evitar así que se creen dos líneas de enseñanza, una en catalán y otra en español.

Esta práctica ha sido recurrida ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en cuatro ocasiones y otras tantas veces los jueces han dado la razón a los recurrentes al considerar que los padres tienen legalmente el derecho a elegir el idioma en el que se han de educar sus hijos. El Tribunal insiste en que la casilla idiomática debería incluirse en los formularios.Sin embargo, estos fallos judiciales nunca se han ejecutado.

Dani Sirera, portavoz adjunto del PP, se mostró ayer de acuerdo con su compañero de filas Fernández al asegurar en su blog: «La Fiscalía tiene como función esencial promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley. Y en este caso se están vulnerando la legalidad, los derechos de los padres y alumnos y el interés público».

«Los socialistas catalanes con Montilla a su cabeza vuelven a situarse fuera de la ley. Tenemos, por desgracia, un Gobierno antisistema. Se niegan a apoyar resoluciones parlamentarias que piden que se acaten las resoluciones del Tribunal Constitucional e incumplen reiteradamente las decisiones de los órganos jurisdiccionales», añadió Sirera.

El diputado del PP concluye que «el derecho del alumno y el de los padres está por encima de las decisiones sectarias que puede tomar el Gobierno de Montilla. Por ese motivo es necesario que la actuación ilegal de la Generalitat no quede impune».

Sin embargo, y según relata el diputado de Ciutadans en el Parlament José Domingo, conseguir que estos fallos del Tribunal Superior de Justícia se cumplan no es nada fácil. Domingo explica que cuando se ha solicitado la ejecución de las sentencias, el Tribunal ha alegado que no podía hacer nada porque el fallo se refería a unos impresos de preinscripción de años anteriores cuya utilidad era ya inútil y eso hacia «imposible» la ejecución.

Además, la ley impide pedir la ejecución provisional cuando se interpone un nuevo recurso al publicarse los nuevos impresos cada año «debido a que en ese momento el periodo de preinscripción todavía no ha comenzado».

Para Domingo, la publicación de los formularios del curso que viene pone de manifiesto «la voluntad del Govern de no dar cumplimiento a las sentencias e impedir la eficacia del derecho que reconoce la ley». Sin embargo, y después de haber constatado las dificultades para que los fallos judiciales se cumplan, la idea de Ciutadans es la de llevar el asunto al Parlament de Catalunya para ver cuál es la reacción de Montilla y de su conseller d'Educació, Ernest Maragall.

«Vamos a formular una pregunta parlamentaria al respecto porque, al no cumplir las sentencias, el Govern deja indefensos a cientos de padres que quieren elegir la lengua castellana para sus hijos», indica Domingo. Su pregunta se sumará a otras iniciativas parlamentarias en el mismo sentido como la proposición de ley que ha presentado el grupo popular.

Mientras, el Departament d'Educació mantiene su silencio. Fuentes de la conselleria aseguraron ayer que no harán declaraciones sobre estos polémicos impresos. Durante el anterior tripartito, la consellera republicana Marta Cid no dudó en argumentar que no tenía intención de incluir la casilla del castellano en los formularios para preservar la inmersión.

Lo que dice la Ley de Política Lingüística. «Artículo 21.2. Los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea ésta el catalán o el castellano. La Administración debe garantizar este derecho y poner los medios necesarios para hacerlo efectivo. Los padres o tutores pueden ejercerlo en nombre de sus hijos instando a que aplique».

Lo que dice el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. «En conclusión, en atención a lo expuesto resulta procedente anular, por no resultar conformes a Derecho, la resolución de la consellera del Departament d'Ensenyament de la Generalitat (...) declarando la obligación de la Administración educativa de adoptar las medidas necesarias para que en el modelo oficial se pregunte por su lengua habitual a los padres o tutores de los niños preinscritos en los cursos escolares en centros sostenidos con fondos públicos por su lengua habitual, antes del inicio de la matriculación, a fin de poder hacer efectivo su derecho a recibir en aquélla la primera enseñanza».