«Esto va más allá de la simple burla política, de la tomadura de pelo o de la triquiñuela nacionalista, puesto que el Govern está vulnerando una vez más un derecho fundamental», explica el candidato del PP a la alcaldía de Barcelona, Alberto Fernández Díaz. En su opinión, la Fiscalía debería tomar cartas en el asunto, porque con esta conducta la Generalitat está «incumpliendo la ley de forma grave e, incluso, podría estar cometiendo un delito de prevaricación».

La Ley de Política Lingüística obliga a la Generalitat a preguntar a los padres en qué idioma quieren que cursen sus hijos la educación Primaria, catalán o castellano. Sin embargo, los padres nunca han tenido la posibilidad de manifestar sus preferencias en los impresos de preinscripción, ya que no existe ninguna casilla en la que puedan indicar el idioma que quieren.

Esta práctica ha sido recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en cuatro ocasiones, y otras tantas veces los jueces han dado la razón a los recurrentes al considerar que los padres tienen legalmente el derecho a elegir el idioma en el que se han de educar sus hijos. Sin embargo, estos fallos judiciales nunca se han ejecutado.

«Derechos de los alumnos»

Dani Sirera, portavoz adjunto del PP, se mostró ayer de acuerdo con su compañero de filas Fernández, al asegurar en su blog: «La Fiscalía tiene como función esencial promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley. Y en este caso se están vulnerando la legalidad, los derechos de los padres y alumnos y el interés público».

«Los socialistas catalanes con Montilla a su cabeza vuelven a situarse fuera de la ley. Tenemos, por desgracia, un Gobierno antisistema. Se niegan a apoyar resoluciones parlamentarias que piden que se acaten las resoluciones del Tribunal Constitucional e incumplen reiteradamente las decisiones de los órganos jurisdiccionales», añade Sirera.

Sin embargo, y según relata el diputado de Ciutadans en el Parlament José Domingo, conseguir que estos fallos del Tribunal Superior de Justicia se cumplan no es nada fácil. Domingo explica que cuando se ha solicitado la ejecución de las sentencias, el Tribunal ha alegado que no podía hacer nada porque el fallo se refería a unos impresos de preinscripción de años anteriores, cuya utilidad era ya inútil y eso hacia «imposible» la ejecución.

«Vamos a formular una pregunta parlamentaria al respecto porque, al no cumplir las sentencias, el Govern deja indefensos a cientos de padres que quieren elegir la lengua castellana para sus hijos», indica Domingo.