La dirección de Batasuna tiene razones poderosas para iniciar este encauzamiento de la opinión de sus bases. Durante los meses de la tregua estuvieron alimentando la ilusión de que había posibilidades de que la negociación que se había iniciado con los socialistas vascos, con la supervisión y anuencia del Gobierno, podía obtener resultados políticos positivos cuya consecuencia podría ser el fin a lo que los radicales denominan «el conflicto político». Es decir, al terrorismo. El atentado de Barajas, en el que fueron asesinados dos ciudadanos ecuatorianos, enfrió, no total pero sí considerablemente, el desarrollo del proceso que se había iniciado, e hizo necesario reconducir las expectativas que se habían generado.

La dirección radical es consciente de que, cada vez que la banda terrorista ha abierto un proceso de negociación, los resultados electorales le han sido favorables. Y de que cada vez que ETA lo ha dinamitado, la respuesta de sus bases se ha resentido hasta el extremo de que, tras la ruptura de la tregua del 98, los escaños con los que contaban en el Parlamento vasco quedaron reducidos a la mitad.

Por eso tuvieron buen cuidado en obviar el atentado de Barajas y se apresuraron a escenificar una petición a ETA para que regresase a los términos del anuncio de la tregua del pasado año, una petición que realizaron de manera pública y que en realidad había estado pactada previamente con la banda terrorista.

Durante todo este tiempo, los dirigentes de Batasuna y del resto de la izquierda abertzale han mantenido los contactos con el resto de los partidos políticos para evitar la ruptura definitiva del proceso. Se han estado intercambiando gestos con el Gobierno. Mientras unos anunciaban la propuesta autonómica de las cuatro provincias, los otros encontraban una solución para el problema de De Juana Chaos, o la Fiscalía retiraba los cargos contra Arnaldo Otegi por enaltecimiento del terrorismo. Al menos teóricamente, porque lo cierto es que la izquierda abertzale considera que nada se les ha regalado, sino que tenían derecho a reclamar ambas cosas.

Sin embargo, ETA ha seguido manteniendo sus exigencias políticas, y ha seguido organizando sus estructuras y rearmando a sus comandos. Y ha convertido en la excusa perfecta la posibilidad de que ASB haya sido vetada por el Gobierno.

El lunes o el martes de la semana pasada, en las horas que precedieron o sucedieron a la presentación de ASB en el registro del Ministerio del Interior, paralelamente a la comparecencia del jefe del Ejecutivo en televisión, dos de los interlocutores de una de las varias vías de este proceso, el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, y el portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, volvían a mantener contacto. No ha trascendido el motivo de la conversación, pero sí el hecho de que en las horas posteriores, los acontecimientos que se produjeron a lo largo de esos días desataron el enfado y las tensiones entre las estructuras y los militantes de Batasuna, que se lo han hecho llegar a los socialistas por distintas vías en los últimos días.

Algunos de los peones con cierta posición en el proceso abierto dejaron bien claro que no entendían ni la intención ya expresada por el Gobierno de ilegalizar ASB, ni la desarticulación del comando Donosti, ni las dos detenciones habidas la semana anterior en Francia.

Desde el punto de vista de los radicales, el haber realizado mención expresa de la Constitución en los Estatutos de ASB y el haber hecho referencia al uso exclusivo de métodos democráticos en el ejercicio de la política ya eran pasos suficientes. No consideran que haya que hacer mención expresa de la violencia, no les parece suficiente que el Gobierno haya hecho todo lo posible por cambiar la estructura anómala de la Sala del 61 y, respecto al comando Donosti, defienden que ETA mantenga su estructura porque sólo está en tregua y no ha anunciado todavía el fin de su actividad.

Pero, aunque éste es el razonamiento de la mayoría de las bases, no las tienen todas consigo, y -dado que no son ellos quienes toman las decisiones definitivas- por si no consiguen burlar la Ley de Partidos con las plataformas, y por si la banda terrorista vuelve a atentar, están sacudiéndose sus responsabilidades y volcándolas en el Gobierno.