Las cifras judiciales relativas a toda la Comunidad de Madrid ofrecen un dato destacado sobre los juicios rápidos. Un total de los 4.589 presos que llevó la Policía al juzgado, tras ser detenido por haber cometido algún hecho irregular, para una vista célere aceptaron la pena que le pedía el Ministerio Público y eludieron de esta forma sentarse en el banquillo.

Al igual que otros años, la mayoría de los reos (concretamente un 57%), que fue trasladado para un juicio rápido por cualquier delito, aceptó la pena que les pedía el fiscal. De esta forma abandonó el Juzgado en las 48 horas siguientes a la detención, con una sentencia firme que había aceptado tras la negociación. Cuando alguna persona incurre en un delito, de entre aquellos que son susceptibles de juicio rápido, la Policía le lleva ante los tribunales, habitualmente al día siguiente de los hechos, y, sobre la marcha, es interrogado por el juez sobre cuestiones relativas a los motivos de su detención.

Puede darse el caso de que el fiscal encargado del tema considere que es culpable, por lo que redacta a continuación un escrito de acusación contra él. El detenido, después de las correspondientes consultas con su abogado, tiene la opción de aceptar la pena o rechazarla. Si se conforma con la misma, se beneficia de la llamada rebaja del tercio de la pena que debería cumplir.

Es decir que si el fiscal le pide un año de prisión, esos 12 meses se rebajan automáticamente en un tercio, por lo que la pena de cumplimiento se establece en ocho meses. Pero en el caso de que el reo no se conforme, va a juicio, y éste, legalmente, debe desarrollarse en dos semanas en un Juzgado de Lo Penal (los que atienden delitos de menos de cinco años de cárcel; no hay vistas céleres para delitos graves).

En el caso de que se le condene, ya no se beneficiaría de esa rebaja. Por eso, aceptar o conformarse con la pena significa salir del Juzgado de Instrucción al día siguiente de la detención, con una sentencia firme e irrecurrible y con ese antecedente penal.

Sin embargo, no todos los casos que la Policía cree susceptibles de un juicio rápido terminan clasificados por los jueces como tales. Se producen algunos desajustes. Asuntos que la Policía considera delitos llegan luego a manos de los magistrados y éstos los convierten en faltas o en otros procedimientos.

El Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, durante el años pasado, han incoado para juicios rápidos un total de 14.840 asuntos. Pero no todos acabaron en juicio rápido y con sentencia.

El delito que más acarrea juicios rápidos es el de la violencia familiar. De las 14.840 diligencias abiertas por la Guardia Civil y la Policía, 3.350 eran por casos de agresiones domésticas o machistas.

Mayo fue el periodo mensual donde se incoaron más juicios rápidos en la Comunidad de Madrid. Se dilucidaron 320, 170 de ellos, sólo en la capital. En los 12 meses de 2006 se celebraron 3.018 juicios rápidos por delitos contra la seguridad en el tráfico, 787 por robos, 635 por hurto, 124 por robos de vehículos, 26 por lesiones y el resto (727 casos) por otros asuntos.

El fiscal asistió en 5.227 juicios. Por faltas, hubo 7.777 juicios rápidos. En el delito de faltas, el procedimiento de juicio rápido cambia. No se arresta al infractor. Se le cita para que comparezca directamente en el juzgado en los siguientes días. En Madrid capital hay un juez encargado exclusivamente a celebrar juicios de faltas. Las faltas no acarrean penas de cárcel sino multas.

Los jueces de la capital, tirando a la baja, auguraron que cada día podrían celebrar unos 15 juicios de faltas. La Fiscalía de Madrid fue aún más optimista en su previsión. La media diaria ha sido de 21.