Goodling dimitió de su cargo el viernes, con lo que se convierte en la última víctima del escándalo desatado por el cese de ocho fiscales, aparentemente por falta de fidelidad a la Administración, en lo que puede constituir un flagrante caso de politización de la Justicia de Estados Unidos.

La controversia amenaza directamente a tres de los más cercanos colaboradores del presidente George W. Bush: su subjefe de gabinete y estratega electoral, Karl Rove; su fiscal general (cargo equivalente al de secretario de Justicia) Alberto Gonzales; y su asesora, a la que intentó nombrar jueza del Supremo, Harriet Miers. En otras palabras: el ala más conservadora de la Administración está en un peligro de extinción más grande que el oso panda. Y todo por los ocho fiscales cesados el 7 de diciembre pasado.

En EEUU y sus territorios -como Puerto Rico, Guam, las islas Vírgenes o Micronesia- hay 93 fiscales de distrito, que son las máximas autoridades encargadas de la aplicación de la ley federal, es decir, la que se aplica en todo el país y no en estados particulares. Su función es dirigir la investigación y el procesamiento de presuntos criminales.

Hasta la fecha, el escándalo ya se ha cobrado, además de la cabeza política de Goodling, la del jefe de gabinete de Gonzales, Kyle Sampson. Ambos son funcionarios claramente conservadores y construccionistas, es decir, partidarios de interpretar lo menos posible la Constitución de EEUU. En la práctica, eso significa intentar que, en la medida de lo posible, el país tenga un ordenamiento jurídico lo más parecido posible al del 17 de septiembre de 1787, cuando se aprobó su Carta Magna.

Evidentemente, entonces la pena de muerte no se cuestionaba, las cárceles no destacaban por su respeto a los derechos de los presos, el aborto era ilegal y la protección del medio ambiente pura ciencia ficción, en una época en la que en el sur de Manhattan (Nueva York) se estaban construyendo muros para que los osos no entraran en la ciudad.

Goodling es un excelente ejemplo de esa ideología. La dimisionaria estudió en la Universidad Regent, fundada por el reverendo Pat Robertson, que en septiembre de 2006 declaró a EL MUNDO que considera que «Israel es un vehículo especialmente elegido por Dios» y que «hay que asesinar a Hugo Chávez». Para Robertson, «reconquistar el sistema legal estadounidense es la mayor prioridad política del país». Por su parte, Sampson es mormón, lo que es casi sinónimo de conservador.

Estas dimisiones, sin embargo, no suponen el cierre del escándalo de los fiscales cesados. El próximo día 17, Gonzales presta declaración ante el Comité de Asuntos Judiciales del Senado, en lo que puede suponer el momento decisivo para saber si se queda en el cargo o si el escándalo también acaba con su carrera en el Departamento de Justicia. Pero, aunque el fiscal general siga en la Administración, su prestigio ya ha quedado liquidado para siempre. Es la ley inexorable de la Presidencia de George W. Bush.