A principios del mes de marzo, una joven marroquí de 22 años con visibles lesiones en el rostro fue a denunciar en una comisaría de los Mossos d'Esquadra del Baix Empordà que su ex pareja sentimental, un joven marroquí también afincado en la comarca, la había agredido.Esa misma noche la familia de la chica denunció que la joven había desaparecido.

Ante la denuncia de su desaparición, la policía autonómica inició una investigación. Inmediatamente se pusieron en contacto con el presunto agresor, y éste les indicó que nunca le habría hecho daño a la chica porque estaban enamorados. Además les aseguró que no debían preocuparse, que la chica estaba en perfecto estado de salud y a salvo.

Los agentes verificaron esta información y al localizar a la joven, ésta les relató como meses atrás su familia la había obligado a viajar a Marruecos y que una vez allí le hicieron contraer matrimonio con un amigo de su padre con quien años atrás éste había apalabrado la boda.

Tras estar dos meses viviendo en Marruecos, la joven y su marido llegaron a Girona, y la chica, que seguía queriendo a su ex novio, fue obligada por el entorno familiar a denunciarle por unos presuntos malos tratos. Presumiblemente, el objetivo de la familia era que se dictara una orden de alejamiento contra él para separarlo de la muchacha.

La chica interpuso la denuncia, pero esa misma noche decidió desaparecer con la intención de perder de vista a su familia y a su marido.

La comprobación policial de esta falsa denuncia ha puesto de manifiesto un problema existente en la sociedad, pero del que sólo se conocen los casos que llegan ante la policía, según explicó ayer la cabo responsable del grupo de violencia domestica de los Mossos d'Esquadra de Girona, Francesca Pérez, que asegura que «cada vez tenemos conocimiento de más casos de estas características».

Pérez explicó que normalmente se encuentran con casos de chicas procedentes principalmente de Marruecos y de países subsaharianos como Gambia y Senegal, a las que a la edad de 10, 11 o 12 años sus padres les conciertan matrimonios que luego las obligan a materializar, aprovechando un supuesto viaje de vacaciones al país de origen, antes de cumplir la mayoría de edad.

La tradición de estas culturas, que acompañan el enlace matrimonial de las jóvenes con una dote, y que lo emplean en ocasiones para culminar el reagrupamiento familiar y viajar así a España, también considera el apalabramiento de la boda como una cuestión de «honor». Para los Mossos, esta compleja situación hace muy difícil que a pesar de las negativas cada vez más numerosas de las jóvenes, la familia cambie sus costumbres.

Por eso es especialmente importante la labor de mediación. La cabo de los Mossos señaló ayer que se han dado casos en que, tras una denuncia por parte de la víctima, se ha podido mediar con la familia y los padres han acabado aceptando la voluntad de su hija.

Según Francesca Pérez, no se debe criminalizar a estos familiares por seguir unas tradiciones culturales y sociales en las que se han criado y que «chocan» con los valores y costumbres occidentales en los que se han educado sus hijas, muy distantes a la cultura de los países de origen de su familia.

Cuando la chica obligada a contraer matrimonio sea una menor de edad, la situación se complica porqué además el caso se pone en conocimiento del juez o de la Fiscalía de Menores, que son quienes en última instancia deciden qué actuaciones llevar a cabo.