Este retraso, breve aún, no tendría mayor importancia para los fabricantes de los productos objeto del canon si no fuera por el carácter retroactivo de la LPI que establece que, salga cuando salga la orden ministerial que la determine, la tasa digital será de aplicación desde el mismo día en que la ley entró en vigor. Es decir, que los autores podrán reclamar el canon a los fabricantes de MP3, móviles, memorias USB, etcétera, desde el 29 de julio de 2006. Pero éstos no lo podrán repercutir al precio de los productos gravados hasta que se sepa a ciencia cierta cuáles son y a cuánto asciende el gravamen, por lo que consideran que cada día de retraso en la decisión gubernamental perjudica sus resultados.

«Nuestra preocupación es que día que pasa, día que habrá que pagar y no sabemos lo que habrá que pagar. Ése es nuestro problema, la incertidumbre se vuelve contra nosotros», afirma José Pérez, director general de la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones (Asimelec).

Márgenes escasos

Todos los productos en el punto de mira del canon que se han vendido desde julio del año pasado han salido al mercado a su precio normal. «No podemos trasladar la tasa a los distribuidores ni siquiera parcialmente y nuestros márgenes de beneficio, que son como mucho de entre el 3% y el 8%, pueden reducirse a cero si tenemos que asumirlo por completo», señala el portavoz de una industria afectada.

Esta misma fuente asegura que el problema «no es cosa de las grandes marcas, de Sony, Philips, LG y demás firmas de primera línea. El mercado de audio y vídeo está muy atomizado, de hecho hay por ejemplo más de 100 marcas diferentes que comercializan MP3 en España, y esas pequeñas empresas difícilmente aguantarán indemnes el retraso». No han hecho reservas para pagar ese canon y conforme pasa el tiempo «aumenta la retroactividad», denuncian desde Asimelec.

Han pasado casi nueve meses desde la entrada en vigor de la LPI y se han vendido alrededor de 2,5 millones de reproductores MP3, cuyo canon, sea del importe que sea, recaerá íntegramente en sus fabricantes. Las cuentas empiezan a dispararse. De hecho, (ver gráfico) si la tasa que se impone finalmente a esos dispositivos de música es de 2,35 euros, la deuda con los autores ascendería ya a 5,8 millones de euros.

Algo similar ocurre con los MP4, los grabadores de CD y DVD, los teléfonos móviles con MP3, las memorias USB y todos los dispositivos que, si el Gobierno no lo remedia, pagarán canon. Los cálculos del gráfico son especulativos y se han realizado con las tarifas de la negociación entre autores y fabricantes en los casos en que el acuerdo entre ambas partes estaba próximo.

No se han tenido en cuenta los productos que ya pagan el impuesto digital por una disposición transitoria de la LPI (los CD y DVD, las copiadoras, los equipos multifunción y los escáneres), ya que los cambios que se produzcan en ellos serán de ajuste por lo que su incidencia en los precios será menor.

Pero aún con esas excepciones, si las siete Sociedades de Gestión de Derechos de Autor reclaman el pago del canon de los meses transcurridos desde la entrada en vigor de la ley hasta que el Gobierno fije su importe, el quebranto que puede suponer en los resultados de los fabricantes «se traducirá no sólo en pérdidas de rentabilidad sino también de puestos de trabajo», denuncian desde el sector audiovisual.

La aplicación del canon analógico a los CD y DVD ya costó el cierre de las tres empresas españolas fabricantes de estos soportes digitales, recuerda Jesús Banegas, presidente de Aetic (Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España).

A los autores este aspecto no les preocupa, de hecho, en su opinión son las industrias las que deben pagar el canon y no los consumidores. Argumento que para los fabricantes resulta falaz, pero que sí comparte la ministra de Cultura, Carmen Calvo, para quien, según aclaró la semana pasada, «el canon forma parte de recursos que se han de pagar por parte no del usuario, sino de los productores, exactamente igual que como se viene haciendo desde hace años con los libros, o las cintas o los discos».

Ese mismo día, la ministra recordó también que la piratería «no tiene nada que ver con el canon» y que el objetivo de este impuesto no es «el de compensar estas actuaciones ilegales», lo que choca con las expectativas de algunas sociedades de gestión decididas a compensar la piratería con parte de los pingües beneficios de los fabricantes de tecnología.

Lucha por un porcentaje

Mientras el departamento de Cultura lidia con el Ministerio de Industria con la mediación de Presidencia del Gobierno, desde los sectores afectados confían en que el Ejecutivo aproveche sus capacidades para reconducir algunos de los aspectos que establece la LPI empezando por no aplicar la retroactividad y siguiendo por evitar que el canon sea una cantidad fija por soporte.

La ley española se ha decantado ya por el importe fijo sobre los soportes y equipos, pero según Banegas «no es imposible que finalmente se aplique un porcentaje, aún podría ser». Y, en su opinión, como en la de los responsables de Aetic, Asimelec y de todos los fabricantes, esta opción resulta mucho más razonable. «Si es una cantidad fija acaba pasando como con los CD, que se paga más por canon que por producto», remacha Banegas.

Incluso los consumidores, representados por la plataforma todoscontraelcanon, para quienes el «incumplimiento» del Gobierno «supone una victoria», reconocen sin embargo que ese retraso «ha provocado la inseguridad jurídica de empresas y consumidores por la incertidumbre de las cuantías del canon, una incertidumbre que desacelera la actividad económica del sector» y puede restringir la oferta. De hecho, según advierten desde el sector de electrónica de consumo, las grandes distribuidoras (Mediamart, Carrefour, Corte Inglés) ya están avisando de que abandonarán las líneas de negocio y los productos que dejen de ser rentables.