Es sólo un pequeño triunfo de las compañías, que están bajo la lupa del Gobierno y de los organismos reguladores tras la subida de tarifas aplicada desde el 1 de marzo para adaptarse a la Ley de Protección del Consumidor, que prohíbe el redondeo. Las tres operadoras han defendido que las subidas aplicadas han tenido un «efecto neutro» en la factura del cliente final, pero el Ejecutivo sospecha que no ha sido así. Telefónica, Vodafone y Orange han elevado un 25% el establecimiento de llamada (de 12 a 15 céntimos) y entre un 7% y un 10% el resto de sus tarifas, subidas que vienen a compensar el recorte de ingresos por el nuevo sistema de tarificación.

Pero los ministerios de Industria y Sanidad y Consumo están analizando si el efecto ha sido neutro para el bolsillo del consumidor, o se ha realizado una subida encubierta tras la adaptación a la ley. Los primeros análisis de la documentación facilitada por las operadoras no confirman que el efecto haya sido neutro, según las fuentes consultadas, y detectan leves subidas en la cesta media de tarifas. También están investigando el affaire tarifario la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y el Servicio de Defensa de la Competencia, cuyas primeras pesquisas apuntan a que no ha habido concertación de precios entre las tres compañías. La CMT también investiga si la subida de tarifas ha producido «subvenciones cruzadas», práctica prohibida que consiste en que los clientes menos intensivos son más penalizados frente a los que más usan el teléfono. Mientras tanto, para Isaura Navarro, diputada de IU-ICV, según la respuesta que ha recibido el Gobierno, éste «no descarta» que las «abusivas subidas» de la telefonía móvil haya vulnerado la Ley de Defensa de la Competencia.