El 29 de diciembre de 2000, con el PP en el Gobierno, Defensa contestó a un requerimiento de Justicia diciendo que el Proyecto de Real Decreto se extralimitaba, «ya que de la obligación de garantizar el secreto de las comunicaciones, no se deriva la obligación de interceptarlas». Añadía que se altera el rango normativo ya que no se pueden establecer límites a un derecho fundamental mediante un Reglamento.
Ante estas objeciones, el Gobierno del PP decidió no promulgar el reglamento y que se iniciase una reforma legislativa de mayor calado. Se pretendía adaptar las pocas normas sobre interceptación de las comunicaciones a la legislación procesal, a las exigencias marcadas por la Comisión y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Estas necesidades también están incluidas en el informe que el teniente fiscal de Madrid, Pedro Martínez mandó al fiscal general. Cambió de Gobierno. Llegaron a Interior dos socialistas de la carrera judicial: José Antonio Alonso y Antonio Camacho. Ambos decidieron que la norma a la que había puesto pegas el Gobierno conservador y el Consejo del Poder Judicial entrara en vigor.
Víctor Domingo señala que para evitar el veto, se decide introducir Sitel ocultándolo en el Reglamento que desarrolla la Ley General de Telecomunicaciones. «Así -añade- se evitan los controles jurídicos. El Gobierno da a Sitel un tratamiento como si no afectase a los derechos fundamentales, y la interceptación de las comunicaciones formase parte del servicio universal, en vez de la banda ancha como piden los internautas.
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