Y esto no es así. Porque en Justicia el tiempo es oro, y las dilaciones en un proceso inciden con frecuencia en la recta aplicación de la ley. Raro es el procedimiento derivado de una actuación policial en Cataluña que no comporta problemas por la traducción del atestado o algún documento, un trámite imprescindible si el caso se ha de instruir en un juzgado de fuera de Cataluña. Delitos de los que entiende la Audiencia Nacional, como fabricación de moneda falsa o tráfico de drogas cometidos por banda organizada que actúa en distintos puntos de España o estafas con múltiples afectados en distintas comunidades.

Basta citar el caso de dos imputados en un proceso por falsificación de moneda en 2003. Los procesados, que esperan juicio junto a otra veintena de personas en la Audiencia Nacional, fueron detenidos por su presunta relación con una banda organizada para falsificar tarjetas de crédito. Las detenciones se produjeron en El Vendrell y en Granollers, principalmente, y tras un conflicto de competencias entre los juzgados que habían intervenido, se remitió el procedimiento a un juzgado de la Audiencia Nacional. Al constar una buena parte de las diligencias en catalán se hizo necesaria la traducción de los documentos y llegó el parón. En septiembre de 2006, aún a la espera de la traducción al castellano, algunos de los abogados, entre ellos Javier Rodrigálvarez, pidieron la libertad provisional de sus representados. A la vista de la dilación que había causado la traducción, el juzgado tuvo que dar la razón a los letrados, y dos de los acusados fueron puestos en libertad a la espera de juicio.

Las traducciones judiciales aumentaron un 20% en 2004, y su coste ascendió a 512.000 euros en 2006. Un gasto que asume la Generalitat, aunque ya se cuestiona la necesidad de abrir un debate para discutir quién debe sufragar estos pagos.

Por el momento, la lengua catalana se ha convertido en manos de algunos juristas en una herramienta legal más: «Si se quiere dilatar la instrucción de un proceso, se pide que se traduzca todo, a ver si así hay motivos para lograr la libertad provisional previa al juicio», sostienen las fuentes jurídicas consultadas.

El doble filo de la lengua, sin embargo, también pervierte el sistema judicial en cuanto a la ejecución de las sentencias. «Si presentas recursos en catalán o aportas una resolución de los servicios penitenciarios de Cataluña para lograr que un preso en una cárcel no catalana o dependiente de un juzgado no catalán se pronuncie, el retraso en la traducción ha llevado a veces a la incongruencia de que llega antes la libertad definitiva de un recluso que la respuesta a una petición de reducción de condena», cuenta un abogado penalista.

Otra letrada, especialista en Derecho Penitenciario, Mariam Bataller, explica que aunque no es frecuente, algunos presos han cumplido condenas íntegras antes de obtener respuesta a la petición de progresión en grado, esto es, pasar de un segundo grado a un tercero que le obliga sólo a pernoctar en prisión.

Y eso se produce porque en las prisiones catalanas la Junta de tratamiento que se pronuncia en primera instancia sobre la conveniencia o no de modificar la situación penitenciaria de un interno emite sus informes en catalán, y cuando es un juzgado de fuera de Cataluña el que ha de revisar si es procedente mantener o cambiar una medida, necesita del servicio de traducción. De nuevo se dilata el proceso.

Para agilizar las cosas, ya hay quien aplica soluciones imaginativas. Lo hizo el magistrado Ramón Gorbs, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Barcelona, cuando dictó un auto en el que planteaba la posible inconstitucionalidad de unos preceptos acerca del IAE, y resolvió con un escrito a dos columnas, en catalán y en castellano. Fuentes judiciales dijeron que lo hizo para garantizar la «literalidad» de sus palabras, y para «adelantar».