Sin embargo, tras este jarro de agua fría, Solange contempla ahora una luz de esperanza al final del túnel tras la reciente aprobación de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres. El texto legal introduce una nueva disposición adicional a la Ley de Asilo para que ésta sea de «aplicación a las mujeres extranjeras que huyan de sus países de origen debido a un temor fundado a sufrir persecución por motivos de género».

Para la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear), esta reforma supone «un avance histórico en la protección legal de los derechos humanos». A partir de ahora, la ley dará amparo a mujeres extranjeras que han sufrido trata de blancas o mutilación genital, a aquéllas que han sido explotadas sexualmente, que han padecido abusos sexuales como arma de guerra, así como a las personas perseguidas por motivos de género.

«Cuando el miedo cala tan profundo que tienes que decidirte y dejar tu vida, todo lo que has hecho, todo tu trabajo, toda la familia, eso es lo más duro que le puede pasar a una persona», asegura Solange, que reside y estudia en el País Vasco.

Esta peruana recuerda lo duro que es abrirse camino en un país donde no conoces a nadie y asegura que el proceso de solicitud de asilo «es traumático y estresante al 100 por 100».

Cuando acudía a trabajar en Lima, recibía insultos y amenazas por ser lesbiana. Pero, de ahí, pasaron a las agresiones físicas y, tras recibir tres palizas, decidió tirar la toalla y abandonar su país. «Me pillaron en la calle y me dieron una paliza muy fuerte. Cuando fui a presentar la denuncia, la policía no me dejó que figurase que la agresión había sido por ser lesbiana», explica Solange, que no se atrevía ni a pisar la calle.

Ahora, tras varios años de papeleos en España, se encuentra en una situación de angustia y de limbo legal. Su solicitud fue admitida a trámite y, mientras se gestionaba, le concedieron una autorización temporal para trabajar. Pero ahora le han denegado el asilo y le han retirado la tarjeta. «La modificación de esta ley beneficiará a otras mujeres que soliciten asilo, pero es algo tarde para mí. Espero que implementen las herramientas para que la norma pueda funcionar», manifestó esperanzada la joven peruana.

Desde Cear lamentan que el Gobierno deniegue cada año en torno al 95% de las solicitudes de asilo que recibe, a pesar de que España es uno de los países al que llega un menor número de personas refugiadas. Así, en el año 2005 un total de 5.254 personas pidieron asilo en nuestro país, la cantidad más baja desde 1997. Estas cifras contrastan con los 50.050 solicitantes de asilo en Francia, los 28.910 de Alemania o los 30.460 del Reino Unido.

La activista peruana ha presentado un recurso contencioso-administrativo para que se reconsidere su caso, aunque es consciente de que tiene muy pocas posibilidades: «Creo que el derecho de asilo es lo único a lo que puede apelar una persona cuando sus derechos humanos han sido vulnerados».