De la interminable y tediosa entrevista a dos etarras encapuchados publicada ayer por Gara, lo más destacable es la amenaza que lanzan al Gobierno de que la banda volverá a atentar si no permite que Batasuna participe en las elecciones municipales del 27 de mayo. Entienden que invalidar las candidaturas de la izquierda radical sería un «ataque», supondría «alargar el conflicto» y «expresaría el fracaso del proceso». Salen así los pistoleros en auxilio de sus representantes públicos, lo que deja claro una vez más su unidad de acción y que unos y otros se cubren las espaldas.
El Gobierno respondió ayer que aplicará la Ley de Partidos y que de ningún modo va a actuar en contra de la legalidad. Es lo que debería hacer y queremos creerle, pero a lo largo de todo el proceso de paz ha tenido una actitud tan zigzagueante, que sólo podremos felicitarnos cuando veamos cómo se tumban, una a una, las candidaturas proetarras.
Los resultados de la encuesta que hoy publicamos revelan el hartazgo de los españoles ante la extorsión y el pulso permanente de Batasuna al Estado. Para un 74,6%, este partido no debería poder concurrir a los comicios «ni directa ni indirectamente», pero es que hasta un 69,6% es partidario de que se prohíba a Otegi y a sus secuaces desarrollar toda actividad política. Es preocupante para el Gobierno que más de la mitad de los ciudadanos considere que Batasuna está más fuerte que cuando Zapatero llegó a La Moncloa. Además, en tres meses ha subido casi cinco puntos la opinión de quienes creen que ETA también está ahora más fuerte. Son datos que deberían hacer reflexionar al presidente. Su condescendencia para con el entorno radical ha permitido que en éste aniden las expectativas de la autodeterminación y que, en paralelo, ETA se arrogue un protagonismo en la sociedad vasca que había dejado de tener. Por ejemplo, capitalizando ayer con esta entrevista el Aberri Eguna. Asimismo resulta alarmante que un 25% declare estar dispuesto a dar la independencia al País Vasco a cambio del fin del terrorismo, una posición claudicante alimentada por el cansancio de tantos años de extorsión, pero sin duda también por la actitud entreguista hacia el nacionalismo radical que ha mostrado el Gobierno.
Respecto del contenido de la entrevista, si alguien confiaba aún en que ETA diera un paso encaminado al abandono de la violencia o siquiera hiciera un amago de autocrítica, debe enterrar cualquier esperanza. La banda advierte que «seguirá luchando hasta conseguir sus objetivos fundacionales», que ve «lejano» el fin de la lucha armada y que la tregua era sólo «un instrumento» en su estrategia. Ello revela que el Gobierno se ha autoengañado y ha confundido al país cuando decía que estábamos ante una oportunidad histórica de poner fin al terrorismo etarra.
Los encapuchados justifican con cinismo el atentado de Barajas que, dicen, «no ha roto nada» -para empezar, dos vidas humanas y la propia terminal- y no valoran el gesto de excarcelar a De Juana Chaos. Es más, acusan al Ejecutivo de «chantaje» y aseguran que su liberación es un éxito de «la lucha popular». En definitiva, más de lo mismo, lo de siempre, pese a los cantos de sirena que el Gobierno ha estado tentado a escuchar.
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