Ni siquiera el comunicado-entrevista de ETA en Gara ha llevado a los populares a cambiar un ápice una posición sobradamente conocida por su exigencia de responsabilidades a José Luis Rodríguez Zapatero, cuya comparecencia parlamentaria volvieron a exigir ayer para que niegue taxativamente los compromisos adquiridos con la banda de los que ésta volvía a hablar el domingo, o para que, en su caso, los revele porque, según dijo Acebes, «siempre será mejor conocerlo por boca del Gobierno que por boca de ETA».

Lo nuevo, en medio de un panorama político absolutamente dominado por el último envite etarra ante las elecciones municipales y forales, y por la desunión de los partidos mayoritarios, es que el PP ha encontrado en las detenciones del comando Donosti una nueva oportunidad para proceder judicialmente contra el PCTV.

Ése fue ayer el cometido de Angel Acebes, al cabo de la reunión del comité de dirección: alertar al Gobierno de que su partido no creerá una sola palabra de sus declaradas intenciones de aplicar la Ley de Partidos para impedir que Batasuna se presente a los comicios hasta que no vea desfilar ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo al abogado del Estado o al fiscal con la última «prueba» para instar su ilegalización; esto es, la documentación que acredita que uno de los detenidos, Sergio Lezkano Bernal, organizaba mítines de Batasuna y que cobraba del PCTV.

«Cada día que pasa sin poner a disposición de la Justicia las pruebas de las que dispone, incluida la pertenencia de este miembro del comando Donosti a la nómina del PCTV», declaró el número dos del PP en rueda de prensa, «estará incumpliendo gravísimamente la Ley de Partidos y estará produciendo una derogación parcial de la misma». «¿Cómo es posible que, con ese dato, no se haya iniciado un proceso de ilegalización en la Sala del 61 del Tribunal Supremo?», insistió Acebes, quien aún afirmó: «Mientras el Gobierno no inste la ilegalización del PCTV, sus proclamas sobre la Ley de Partidos tendrán credibilidad cero».

Para los populares, que no han dejado de entonar esta misma cantinela desde las pasadas elecciones vascas de abril de 2005, el partido de las nekanes constituye una de las varillas de un amplio abanico de posibilidades que ETA ha desplegado para acometer su confesado propósito de volver a las instituciones democráticas.

Están, de hecho, convencidos de que el PCTV será el último de los recursos a los que los etarras acudirán, pese a la insistencia de la banda en que su marca política vuelva a ser Batasuna. Según declaró ayer Acebes, ETA utilizará al PCTV, «bien para las elecciones municipales, bien para las forales, según le convenga».

Entre tanto, y a modo del dominó, la estrategia de ETA es, a los ojos del PP, una sucesión de fichas-señuelo que conforme van siendo derribadas por el Estado de Derecho, generan un nuevo movimiento. Así, días atrás los hombres de Rajoy alertaron al Gobierno de que ASB -la nueva formación abertzale, finalmente impugnada por la Fiscalía ante el Tribunal Supremo- era «la puerta» a la que ETA estaba llamando a la Ley de Partidos para «colarse» luego por la «ventana» de las agrupaciones y plataformas electorales. Y del mismo modo, ayer advirtieron de que entre estas listas, habrá «algunas más blanqueadas que otras» para despistar a Interior y a Justicia sobre sus verdaderos caballos de Troya en los municipios.

«El Gobierno tiene pruebas de sobra para aplicar la Ley, y si no se hace es porque no se quiere», dijo el secretario general, recordando que la propia Batasuna «confesó» su estrategia respecto de la presentación de plataformas electorales.

«La pregunta que debe contestar el Gobierno», resumió Acebes a modo de eslogan político de la jornada, «es elecciones con ETA o elecciones sin ETA. Para el PP la respuesta es evidente, deben serlo sin ETA, y va a hacer lo posible para que así sea».

Con este exhorto, el dirigente popular no hizo sino abundar en un voluntarismo político frenado, en realidad, por la falta de instrumentos jurídicos que otorga la Ley de Partidos a la oposición y por el miedo al abuso de las movilizaciones callejeras como la promovida por el caso De Juana.

De cualquier forma, la cuestión etarra no sólo domina el discurso del PP, sino que contamina la propia precampaña electoral de las autonómicas y municipales. Ayer mismo, la candidata popular a la Junta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, hubo de responder a una pregunta sobre el particular durante el desayuno informativo celebrado por Fórum Europa en el hotel Ritz.

«Creo que en estos momentos un presidente del Gobierno que se precie tiene que tener una respuesta firme, contundente y veraz que luego se vea, además, reflejada en actuaciones», dijo De Cospedal. «El problema», añadió en presencia de Rajoy y de toda la cúpula del PP, «no está en que los objetivos de ETA o la manera de conseguirlos hayan cambiado, sino en que el Gobierno sí ha cambiado la manera de encarar la lucha contra ETA».