En la resolución, conocida ayer, el instructor hace suyo el sobreseimiento provisional de las diligencias pedido por el fiscal ante la falta de pruebas contra Otegi y contra las otras 23 personas imputadas, entre ellas Rafael Díez Usabiaga, Joseba Permach y Jone Goirizelaia.

Respecto a Otegi, Grande-Marlaska afirma que existe «una duda razonable» sobre las manifestaciones que hizo en el homenaje al etarra, muerto en un enfrentamiento a tiros con la Ertzaintza. Los medios de comunicación le atribuyeron frases como que «la izquierda abertzale tiene un puño de hierro para todos aquellos que pretendan someter a este país a una terapia que no soluciona el conflicto político», pero el juez indica que «no consta grabación cierta por cualquier medio de reproducción técnica» de lo que realmente dijo Otegi, que negó esas expresiones.

La falta de pruebas fehacientes es lo que lleva a Grande-Marlaska a no hacer uso de la posibilidad legal de dirigirse al órgano jerárquicamente superior a la Fiscalía de la Audiencia Nacional. «Esa contingencia», dice el juez en referencia a la ausencia de una grabación de las palabras de Otegi, «determina no formalizar traslado al fiscal general del Estado sobre ratificación del informe de la Fiscalía de esta Audiencia».

Cierre provisional

El archivo decretado por Grande-Marlaska es de carácter provisional, lo que significa que la causa podría ser reabierta si aparecieran pruebas para hacerlo.

Otegi tiene aún pendientes otros tres procedimientos en la Audiencia Nacional. Uno de ellos, también por un delito de exaltación del terrorismo durante un homenaje al preso de ETA José María Sagarduy, se encuentra pendiente de unos informes policiales complementarios sobre el desarrollo del acto solicitados por la Fiscalía.

En una segunda causa se investiga a Arnaldo Otegi por presuntos delitos de desobediencia, reunión ilícita y enaltecimiento del terrorismo en relación con el acto que Batasuna celebró en el velódromo de Anoeta (San Sebastián) en noviembre de 2004, cuando esa formación política ya había sido ilegalizada por el Tribunal Supremo.

El tercer procedimiento es el sumario en el que se investiga la subordinación de Batasuna a ETA y la financiación de la banda terrorista a través de las herriko tabernas. Otegi está procesado por pertenencia a banda armada y se encuentra en libertad bajo fianza de 50.000 euros.