VALLADOLID.-
La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, aseguró ayer en Valladolid que la adjudicación de viviendas protegidas a familiares de cargos públicos es «una indecencia y una ilegalidad». Esta declaración ante los medios de comunicación de la ministra suscitó las críticas del alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva -un hijo suyo ha accedido a una casa de este tipo-, y del consejero de Fomento de Castilla y León, Antonio Silván, ambos del PP, con los que acababa de compartir estrado en un acto presidido por la ministra.
Trujillo, en declaraciones a los periodistas, calificó de «indecencia» estas adjudicaciones de viviendas que se supone que están destinadas a ciudadanos con menores posibilidades de acceder a una casa en el mercado libre.
Además, denunció la «ilegalidad» de que la adjudicación se produzca al margen del registro de demandantes de vivienda protegida, que «tenía que estar funcionando» en Castilla y León.
La ministra criticó que sea «un promotor» privado el que adjudique viviendas protegidas, por lo que reclamó a los ciudadanos que «exijan que el registro funcione» y que lo haga «con transparencia». «Es la única forma de garantizar la igualdad de condiciones», añadió Trujillo, según informa Efe.
Denuncias
María Antonia Trujillo pidió además a los ciudadanos que denuncien ante la Administración «el sobreprecio» en viviendas protegidas, cuyo valor está «tasado» y «no se puede cobrar más» por encima de los baremos oficiales.
El Ministerio de Vivienda «irá a la Fiscalía» si detecta cualquier «ilegalidad o fraude» en los precios de este tipo de vivienda, advirtió María Antonia Trujillo.
La ministra hizo estas declaraciones tras presidir en la Delegación del Gobierno en Castilla y León la firma de acuerdos con la Junta y 16 ayuntamientos de esta comunidad, para invertir cerca de 32 millones de euros en distintas actuaciones que permitirán construir 2.438 viviendas protegidas.
El alcalde de Valladolid, presente en el acto, acusó a la ministra de «venir a insultar, por desconocimiento de la ley», ya que cuando se adjudicaron esas viviendas, una de ellas a un hijo suyo, «no había registro, ni el sistema de sorteo» que se exige en la actualidad.
Por su parte, el consejero de Fomento reclamó a Trujillo que si cree que existen «ilegalidades», acuda «a los tribunales», en vez que hacer «declaraciones de cara a la galería», «fuera de tono» y que «no se ajustan a la realidad».
Antonio Silván defendió que la Junta y los ayuntamientos de esta comunidad «cumplen con los requisitos» y el registro ya funciona en Castilla y León, «con criterios de transparencia».
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