El difunto enseñaba Química en la escuela pública General San Martín y fue alcanzado en la cabeza por un proyectil de gases lacrimógenos cuando participaba en la manifestación que organizó el gremio, la semana pasada, para pedir un aumento salarial. Silvia Rodríguez, compañera de Fuentealba, indicó que los maestros de Neuquen no retornarán a sus labores hasta obtener garantías del Gobierno para ejercer su misión en condiciones aceptables. «No se trata sólo de los salarios, sino también del deterioro de la infraestructura: en verano los chicos desfallecen de calor y en invierno tiritan de frío», denunció la compañera del difunto profesor.

La tragedia desató una ola de protestas en todo el país. La Confederación General de Trabajadores (CGT) y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) decretaron un paro de 24 horas al que se adhirieron más de 70.000 personas. «Ésta es una jornada de luto, tanto por el crimen cometido en la persona del compañero Fuentealba, como por la lenta agonía del sistema educativo. Es inconcebible que los señores legisladores y los ministros se reajusten los salarios cuando se les da la gana, mientras que aquellos que forman a las próximas generaciones ganan un sueldo básico de 340 pesos [unos 85 euros al cambio actual]», afirmó Hugo Yaski, secretario general del segundo de los sindicatos mencionados. Yaski culpó de forma indirecta a Néstor Kirchner por la crisis en la educación: «El presidente debería prestar atención a lo que ocurre en las aulas. Sin educación no hay futuro».

El presidente de Argentina, Néstor Kirchner, compareció anoche desde la Casa de Gobierno para tratar de calmar los ánimos. «Nosotros repudiamos fuertemente la violencia; tenemos que ejercer con responsabilidad el monopolio de la seguridad». Aunque añadió: «Siempre voy a apelar a la convivencia, incluso a costa de que me digan permisivo».

Los dos organismos gremiales convocaron un acto en la Plaza de Mayo -centro histórico y administrativo de Buenos Aires- que contó con la asistencia de unas 20.000 personas, en su mayoría trabajadores, miembros de los partidos de izquierda y de grupos de piqueteros (pobladores de barrios marginales).

Los activistas de la Corriente Clasista y Combativa (MST) encendieron neumáticos y quemaron una efigie del gobernador Sobisch. Luego comenzaron a marchar hacia la Casa Rosada, sede del Gobierno argentino, siendo interceptados a medio camino por un destacamento de la Policía Federal. Los agentes utilizaron gases lacrimógenos y dispararon balas de caucho para dispersar a los enfurecidos manifestantes, que blandían palos y arrojaban piedras.

Hugo Moyano, jefe de la CGT, logró acercarse hasta la Casa Rosada y llamó, por medio de un altavoz, a los ministros «a dar la cara y ofrecer una explicación por la ferocidad con que se reprime a los trabajadores». En la capital, la mayoría de las escuelas públicas no abrieron sus puertas y el metro dejó de funcionar entre las 11.00 y las 14.00 horas, debido a lo cual muchos bonaerenses llegaron con retraso a sus trabajos.

Al mediodía, los incidentes se propagaron hasta el norte del país. En la ciudad de Salta, unas 5.000 personas marcharon hasta la plaza central, donde exigieron que se entable un juicio político contra Jorge Sobisch.

«Existen pruebas fehacientes de que el gobernador se reunió con los jefes de la Policía y les autorizó a emplear todos los recursos necesarios a fin de disolver las marchas», afirmó Pedro Constatini, presidente de la Asociación de Profesores Primarios.