En cuanto a lo primero, un hermano del suicida aseguró que éste usaba una firma árabe, y no una con caracteres latinos como la que estrambóticamente aparece en su presunto testamento escrito en árabe. Conviene recordar que la carta de Kounjaa apareció en la bolsa de Saed el Harrak en el complejo de Canillas después de que la Policía Científica la analizara y no hallara nada dentro. Lo dicho ayer acrecienta la sospecha de que la carta es una pista falsa encaminada a reforzar la versión oficial.

La sesión corroboró también las informaciones sobre los lazos entre El Chino y miembros de ETA. Como ya hizo en estas páginas, su ex lugarteniente Omar afirmó ante el juez que Jamal Ahmidan conoció a diversos etarras durante su estancia en Carabanchel y que uno de ellos llegó incluso a enseñarle «cómo se hacía una bomba con una bombilla». A partir de entonces, El Chino empezó a traficar con droga en el País Vasco y, según le dijo a Omar su primo Hicham, nunca perdió el contacto con la gente de ETA. Es más, un familiar de Jamal le aseguró al testigo que la banda estaba detrás de los atentados del 11-M.

Con ser relevantes todos estos datos, lo más importante de la declaración de Omar es el hecho de que, pese a que se lo contó todo a la UCI, nada de esto conste en su declaración policial. Este extremo es gravísimo y se suma a la retahíla de ejemplos -del ácido bórico a la omisión en la declaración de Trashorras de la presunta amistad de El Chino con los etarras de Cañaveras- que señalan que se eliminó deliberadamente de la investigación cualquier indicio que condujera a ETA.

Pero sin duda lo más relevante de ayer fue la declaración del teniente Víctor, miembro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y controlador del confidente Rafá Zouhier. El presidente del tribunal le dejó en evidencia al demostrar que tanto él como su jefe, Félix Hernando, ocultaron ante el instructor y ante el Congreso datos clave sobre los atentados. Víctor reconoció haber omitido «por olvido» ante la Cámara que la UCO se enteró en marzo de 2003 de que Toro y Trashorras disponían de 150 kilos de explosivo. El juez dejó constancia de que eso era casi imposible teniendo en cuenta que él mismo había llamado el día anterior a la Comandancia asturiana para que destruyera -o en su versión edulcorada no sacara a la luz- una nota del 6 de marzo de 2003 sobre ese mismo asunto. Víctor trataba así de tapar la falsedad de su superior, que había declarado que en febrero de ese año la UCO había dejado la investigación en manos de la Guardia Civil de Asturias y no había vuelto a saber nada de ese asunto.

El episodio de ayer insinúa que la UCO tenía mucha más información de la que ahora admite sobre la trama asturiana, alienta la tesis de que sus miembros cometieron como mínimo una gravísima negligencia y deja abierta la hipótesis de que la propia unidad supiera de antemano lo que iba a ocurrir. ¿Por qué si no sus agentes tuvieron ocho contactos con Zouhier entre el 4 y el 13 de marzo de 2004? ¿Sólo para investigar a unos falsificadores y capturar a un skinhead, como ayer dijo Víctor? No parece creíble. A la vista de enigmas como éste, no es de extrañar que en nuestra encuesta se mantenga inalterable el 70% que piensa que en lo esencial la verdad no se ha descubierto. No obstante, el aumento en seis puntos -desde que se inició la vista oral- del porcentaje de quienes confían en que ésta aclarará los hechos muestra que la impecable labor del tribunal está siendo reconocida por los ciudadanos.