El PP ha sido alertado para que incremente las medidas de seguridad de sus cargos electos en el País Vasco, ante la posibilidad de que se produzca un atentado de ETA, según confirmaron a este periódico fuentes del Gobierno y de la dirección del primer partido de la oposición.
La indicación la ha recibido el secretario general del PP vasco, Carmelo Barrio, responsable de coordinar las medidas de seguridad de los miembros de su partido en esa comunidad autónoma.
Además, el Gobierno ha transmitido a altos cargos de la Administración y a miembros del PSOE la necesidad de aplicar medidas de autoprotección frente a posibles atentados de ETA. Básicamente, se trata de extremar las medidas de precaución más elementales, siguiendo un protocolo preestablecido y habitual.
Como es sabido, el Ejecutivo da por roto el llamado proceso de paz y ha respondido a la amenaza de ETA con una posición firme que consiste en rechazar la condición impuesta por la organización terrorista: la presencia de Batasuna en las elecciones autonómicas y municipales del 27 de mayo. Esa posición de firmeza se completa con la reciente desarticulación de un importante comando de ETA.
Sospecha de atentado
Por eso, el Gobierno mantiene la sospecha de que podría producirse algún atentado terrorista en las próximas semanas. Este temor lo ha transmitido a los grupos parlamentarios y el propio consejero de Interior vasco, Javier Balza, aseguró recientemente, tras hablar con Alfredo Pérez Rubalcaba, que las Fuerzas de Seguridad del Estado están en situación de alerta máxima ante la hipótesis de que ETA vuelva a atentar.
La dirección del PP ha recibido también directamente esta versión pesimista por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
El mensaje al PP vasco para extremar la precaución a posibles objetivos de este partido se une también a otro más concreto, referido a las personas que estaban expresamente en el listado incautado al comando desarticulado hace dos semanas, según fuentes populares.
Todos ellos están siendo convocados por las Fuerzas de Seguridad del Estado para ser informados de los datos de que disponía ETA sobre ellos y para establecer medidas de protección para el futuro, siempre según fuentes de la dirección del Partido Popular.
En un primer momento, hubo un cierto malestar en el PP debido a que algunos concejales de La Rioja se enteraron por los medios de comunicación de que estaban en la lista incautada a los presuntos miembros de ETA detenidos. Posteriormente, fueron avisados directamente por los responsables de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
El Gobierno insiste estos días en que los presuntos etarras detenidos no tenían aún la orden de atentar, aunque sí habían pasado la etapa de recogida de datos de posibles objetivos.
