Dichas fuentes aseguran que no existe ningún dato nuevo que permita probar la conexión entre esa formación y Batasuna y ETA.

Según esta versión, el dato de que uno de los detenidos como presunto miembro del comando Donosti de ETA cobrara también del PCTV no es suficiente para proceder contra esta formación.

Por un lado, el Gobierno explica que esa relación está siendo investigada aún y, por otro, que la Ley de Partidos exige expresamente que la relación con grupos terroristas sea reiterada y general y no de una sola persona.

En concreto, el artículo 9 de esa ley permite ilegalizar a los partidos por «incluir regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas, o mantener un amplio número de sus afiliados doble militancia en organizaciones o entidades vinculadas a un grupo terrorista o violento, salvo que hayan adoptado medidas disciplinarias contra éstos conducentes a su expulsión».

Es decir, habla de «regularmente» y de «amplio número de sus afiliados».

Lo que sí hará el Gobierno es investigar una a una las candidaturas que pueda presentar el PCTV a las elecciones municipales y forales del 27 de mayo. No obstante, el Ejecutivo no considera probable que Batasuna pueda utilizar listas del PCTV para presentarse a esos comicios.

Esa labor de investigación será similar a la que se haga con los centenares de agrupaciones de electores que la izquierda abertzale presentará en esas elecciones.

El Gobierno, no obstante, recuerda que la doctrina fijada por el Tribunal Constitucional sobre la Ley de Partidos restringe las causas de ilegalización y exige que cualquier vinculación con grupos terroristas esté probada, ya que afecta a derechos fundamentales esenciales, como es el de participación política.

De hecho, hace cuatro años, al Gobierno del PP se le colaron 16 agrupaciones de electores que las Fuerzas de Seguridad daban como vinculadas a Batasuna, y así lo consideró el Tribunal Supremo, pero fueron permitidas por el Tribunal Constitucional.

Candidaturas admitidas

Las 16 listas (ver gráfico adjunto) han permitido la presencia de la izquierda abertzale en otros tantos ayuntamientos durante esta legislatura municipal.

En aquella ocasión, la Abogacía del Estado impugnó 249 candidaturas, el fiscal lo hizo con 243 y, finalmente, fueron anuladas 233 con sentencia firme del Tribunal Constitucional.

La sentencia del TC tenía un voto particular de la ahora presidenta del Tribunal, María Emilia Casas, que proponía restringir aún más la posibilidad de ilegalizar agrupaciones de electores.

En ese momento, el titular de Justicia y responsable de la Abogacía del Estado era José María Michavila, y los dos responsables máximos de Interior eran Angel Acebes e Ignacio Astarloa. Es decir, a los dirigentes del PP que ahora encabezan la crítica al Gobierno actual por su actitud ante las candidaturas presuntamente vinculadas a Batasuna se les colaron 16 listas, o, dicho de otra forma, no pudieron probar la vinculación de esas agrupaciones de electores con la formación ilegalizada.

En todo caso, el Gobierno da por hecho que el Partido Popular seguirá utilizando como arma política hasta el 27-M la presencia de candidaturas en esas elecciones, a pesar de que el Ejecutivo ya ha dejado clara su intención de mantener una posición firme para impedir la presencia de Batasuna en las urnas.

Electoral Mendi (AEN)

Alegikoalde Azkertiar Abertzalea (Atea-Alegia)

Anueko Indarra (AI)

Bagoaz (B)-Zestoa

Belauntzako Sustraiak (BS)-Belauntza

Berriozar Baietz (BB)

Branka (B)-Hondarribia

Erreil Bizirik (EB)-Errezil

Herriarengatik

Irun Herria

Izustarri

Maeztuko Aukera Candidatura Independiente

Mugarra Bingunea (MB)

Tafalla Berria (T)-Tafalla

Urdiaindarrak (U)

Zornotza Eginez (ZE)