Tras hacer las consultas legales oportunas, los afectados han descartado querellarse contra el PSC y han optado por interponer una demanda civil, que presentarán la semana que viene, según explica Angel Hernández, uno de los militantes expedientados.

Los abogados de Socialistas en Positivo consideran que el PSC ha podido vulnerar el derecho al honor y a la propia imagen de sus representados, porque en el pliego de cargos que el partido les envió tras abrirles expediente les atribuía una «conexión directa» con «bloques y crepúsculos [sic] de extrema derecha», entre los que incluían a organizaciones como «Ciutadans de Catalunya, No Nou Estatut, Associació per la Tolerància, Basta ya!, Fundación para la Libertad, Hazte Oír y un largo etcétera».

Los miembros de Socialistas en Positivo consideran una ofensa esta vinculación. Por eso, además de interponer la demanda, dos de ellos -que ya se han dado de baja del PSC-, Ramón Marcos y Pedro Gómez, han enviado una carta al primer secretario de los socialistas catalanes, José Montilla, en la que le reclaman una rectificación.

«Es el PSC quien, con su formulación, incumple la legislación vigente (la Constitución y la Ley de Partidos Políticos) al limitar el pluralismo interno de su organización, ya que considera que el ejercicio de la crítica razonada, a través del derecho de libertad de expresión constitucionalmente garantizado a todos los militante de un partido político, debe ser sancionado», indican los ya ex militantes del PSC en la citada carta.

Y añaden que han decidido darse de baja del PSC debido a «esta intransigente actitud, que impide trasladar al partido los debates reales que existen en la sociedad entre sus propios votantes, inhabilita al PSC como instrumento real para la participación política y para contribuir a la formación y manifestación de la voluntad popular».