Los responsables de la ONG reconocieron ayer a EL MUNDO que temen por la continuidad de sus proyectos debido a las bajas de socios cuando, aseguran, ninguno de sus miembros ha sido acusado de un delito por la Fiscalía de Barcelona. Su abogado insistió en que «sólo se llevan a cabo diligencias informativas».

Respecto a esta denuncia, señalaron que una similar, interpuesta por el mismo ex trabajador, fue investigada en Perú en 2005 y finalmente fue archivada al comprobarse que era falsa. A continuación el tribunal actuó contra quien presentó la denuncia. Los directivos también negaron tener una doble contabilidad, como ayer informaron algunos medios. Afirmaron que ese hecho también fue investigado por la Fiscalía en 2000 y que entonces presentaron las auditorías en las que figuran las transferencias sospechosas. Respecto a la adjudicación de dos niños a un padrino, explicaron que fueron a errores informáticos, subsanados en 1998.

La Coordinadora de ONG del Desarrollo señaló ayer, en un comunicado, que las ONG tienen que realizar un exhaustivo control de sus cuentas, que las irregularidades son excepcionales y que no hay que crear desconfianza generalizada hacia su labor humanitaria, necesaria para millones de personas.