La sentencia, dictada después de que el pasado 8 de febrero un jurado popular declarara culpable al acusado, considera probado que éste, funcionario interino de la Consejería de Hacienda, se puso en contacto a finales de 2003 con una mujer a la que había conocido 11 años atrás y le propuso archivar el expediente de liquidación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones de sus padres.

Según la resolución, el ahora condenado propuso a su conocida que le entregara una cantidad superior a los 60.000 euros, «que pensaba quedarse para sí», a cambio de archivar el expediente que la mujer debía revisar y por el que tenía que pagar una cantidad de dinero similar a la que le fue exigida.

El acusado, sin embargo, no logró sus propósitos al denunciar la mujer los hechos ante la Policía. La Audiencia considera que los hechos «son constitutivos de un delito de cohecho previsto y penado en el artículo 419 del Código Penal, al concurrir los elementos del tipo penal y haber tenido lugar por parte de un funcionario público la solicitud de una dádiva o recompensa económica para realizar un acto relativo al ejercicio de su cargo, que sería constitutivo de delito», informa Europa Press. Una de las pruebas que se han utilizado en el juicio ha sido la grabación de una conversación telefónica entre el funcionario y la denunciante: «Cuando yo zanje el expediente, queda zanjado y queda sepultado en el archivo de San Fernando y, bueno, hasta que se muera allí o hasta que se lo coman los ratones [...] Los 30.000 euros en metálico y si me los das, yo los ingreso y archivo el expediente y se acabó».

Según reza la sentencia de la Audiencia Provincial, en la grabación, y ante la pregunta de la mujer sobre si ella se quedaría con un justificante de los 30.000 euros, el funcionario condenado le responde: «Bueno, yo te puedo dar un justificante, sí, del ingreso, sí, si lo quieres, hace falta un documento contable previo que firmará el interventor delegado que tenemos y sí, pero bueno, es una cosa mía y tuya, o sea de nada te sirve luego eso para justificar nada».

«En estas circunstancias -dice la magistrada- es lógica la conclusión alcanzada por el jurado, ya que carece de sentido efectuar un ingreso en las arcas de la Comunidad si no se puede disponer de un documento que permita justificar el mismo ante el ente autonómico, máxime teniendo en cuenta que, como afirmaron las funcionarias de la Consejería de Hacienda, no es función de los liquidadores practicar ingresos de un contribuyente, y que como apunta el jurado, la función del interventor no es la de tener relaciones con los contribuyentes, sino los asuntos internos de la Comunidad».