El juicio, que aclarará si, en 1992, hubo delito en la cesión del 49% de Funeraria por sólo 100 pesetas (0,6 euros) a Funespaña, tiene una larga carrera judicial. Las denuncias de PSOE e IU, en los años posteriores a su aprobación en el Pleno, alertaron de la posibilidad de que se hubiera cometido algo irregular en la transacción. Votaron en contra del proceso y siempre aseguraron que se había infravalorado económicamente la Funeraria para decir que era una empresa sin beneficios. Cien pesetas era un precio, para el PP, muy justo por este negocio.

Sin embargo las denuncias prosperaron y el caso recayó en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ya que los tres imputados eran cargos públicos. Cuando ya se había puesto una fecha para el juicio, los magistrados tomaron una decisión inesperada, sobre todo para las acusaciones: retrasar la vista unos meses para evitar que su celebración interfiriera en cuestiones electorales, ya que el juicio coincidía con la época de celebración de los comicios de 2003.

«Lo normal es que un juicio se celebre cuando toque, porque la justicia tiene que ser igual para todos. Ahora toca en el periodo preelectoral porque el proceso ha sido así, pero lo importante es que se esclarezca todo lo que pasó en un proceso controvertido y denunciado desde el principio», señaló la portavoz de IU en el Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés.

Retraso injusto

La concejala de IU y una de las partes denunciantes en este caso considera injusto que se retrasara la vista en el año 2003: «En mi criterio, se atrasó el juicio sin ninguna identificación razonable, y provocó un retraso mucho mayor por el cambio en el aforo. Ahora, el tiempo que ha dedicado la Audiencia a ver el caso es el normal».

Esta instancia judicial, que es ahora la encargada de ver el caso después de que caducara el aforo de uno de los tres implicados que ocupaban un cargo público hasta 2003 (concretamente Luis María Huete que era diputado regional), no ha estimado que la coincidencia de las declaraciones con las elecciones municipales y autonómicas pueda suponer un perjuicio para alguno de los implicados.

Por eso, ha mantenido que el primer interrogatorio a los acusados se produzca el 7 de mayo, una semana antes de entrar oficialmente en campaña y 20 días antes de la cita con las urnas. Y seguirán pasando por el tribunal durante cinco sesiones hasta el 17 de mayo, diez días antes de que los ciudadanos vayan a votar.

Inés Sabanés insiste en que la proximidad de las elecciones al juicio no debe afectar al proceso. Pero añade: «Los tres ex concejales son los primeros cargos públicos del PP que se sientan en un banquillo por un proceso de privatización presuntamente irregular. Es por una actuación del PP en el Gobierno y eso les debería afectar a todos».

Las cinco primeras semanas del juicio, inmersas en la campaña electoral, se van a dedicar a tomar declaración a todos los acusados. Será del 7 al 17 de mayo cuando se vea pasar por los tribunales a los ex altos cargos del PP municipal. Después, ya en junio y julio, se expondrán las pruebas testificales, las sesiones con pruebas periciales (tanto económicas como fiscales) y aún se mostrarán dos pruebas más de tipo documental. Y no será hasta finales de octubre cuando el caso quede listo para sentencia.

Venta a dedo

Pero los tres ex concejales del PP que participaron en la venta de Funeraria no son los únicos acusados, aunque sí los que tienen más cargo en su acusación. Además, hay otros seis imputados más (abogados y responsables de la empresa Funespaña), entre los que se encuentran los gerentes de Funespaña, los hermanos Juan Antonio y Angel Valdivia y el responsable gestor de la empresa entonces, José Ignacio Rodrigo Fernández.

La venta de la mayoría de la compañía no se produjo por pública subasta sino por concurso público, al que se presentó Funespaña con un aval de un negocio funerario en Almería que facturaba 1,2 millones de euros y tenía cuatro trabajadores a su cargo.

Luis María Huete, entonces primer teniente de alcalde, fue el que defendió en el Pleno del Ayuntamiento la idoneidad de la oferta de los Valdivia y lo bueno que sería para el Consistorio ceder parte de la propiedad y la gestión de la Empresa Mixta por 100 pesetas. Le apoyó Simón Viñals, concejal de Sanidad con Manzano, y Antonio Moreno, responsable de Patrimonio.

La acusación argumenta que para justificar la venta, los imputados falsearon las cuentas de Funeraria para aparentar una mala situación económica. Para IU, «la justicia no ha favorecido a la transparencia y la prevención de prácticas irregulares con decisiones como el retraso en 2003»