Según un comunicado, el tribunal se reunirá el 17 de abril para analizar la legalidad del polémico decreto presidencial a petición de 53 diputados de la coalición oficialista de la Rada. El TC tenía previsto comenzar hoy a estudiar el decreto, contra el que se han rebelado tanto la mayoría parlamentaria como el Gobierno del primer ministro Viktor Yanukovich.

El repentino cambio de planes estuvo causado por las denuncias realizadas ayer por cinco de los 18 jueces del TC, que amenazaron con dejar el cargo debido a las presiones del Gobierno.

«Determinadas fuerzas políticas a través de sus representantes ejercen una presión brutal tanto sobre algunos de los jueces del TC como sobre el tribunal en su conjunto», dijeron los jueces a la prensa.

Esos mismos jueces, que pertenecen a la cuota presidencial, aseguraron que «el Constitucional no podrá tomar una decisión hasta que se garanticen las condiciones necesarias para un examen independiente y una decisión justa de acuerdo con la ley».

En la composición del tribunal, seis jueces son nombrados por el presidente, seis por el Parlamento y otros tantos por el colegio judicial. Para la toma de decisiones se necesitan los votos a favor de 10, mientras el quórum mínimo es de 12.