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No existe la casualidad, y lo que se nos presenta como azar surge de las fuentes más profundas (Friedrich von Schiller) |
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Torturado antes de nacer |
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El estado brasileño de Sao Paulo indemniza con casi 15.000 euros al hijo de una ex guerrillera que hace 35 años fue torturada durante su embarazo |
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IÑIGO GARCIA. Especial para EL MUNDO
BRASILIA.-
Criméia Grabois contaba 25 años cuando fue apresada por agentes del Centro de Operaciones y Defensa Interna (CODI), la temida policía política de la dictadura militar brasileña (1964-85). A pesar de lo avanzado de su embarazo, siete meses, los agentes no tuvieron piedad con ella. Fue encerrada, interrogada y torturada durante meses. Los métodos fueron los habituales en aquella época de dictaduras en el Cono Sur: electrodos en los genitales y en el ano, palos de hierro, luxaciones y amenazas. Y a despecho del horror, su hijo nació, en dependencias del Ejército, con vida.
Aquél bebé, Joao Carlos, tiene hoy 35 años y acaba de obtener, en una decisión histórica, la máxima indemnización estipulada por el Estado de Sao Paulo para las víctimas de tortura durante la dictadura: 22.000 reales, es decir, unos 14.600 euros. «Son valores simbólicos. ¿Qué son 22.000 o 39.000 reales? No hay una tabla de precios para la tortura. No habría necesidad de hablar de indemnizaciones en Brasil si hubiéramos pasado esa etapa de la historia con la verdad limpia», señaló Joao Carlos tras saberse de la sentencia.
La dictadura militar brasileña duró más que cualquier otra de las de la época. Sin embargo, quizá por comparación con las de Chile y Argentina, goza aún de cierta reputación de permisiva frente a los opositores. Nada más lejos de la realidad. A principios de los 70, durante los denominados años de chumbo -de plomo, en español-, miles de personas fueron asesinadas, torturadas o desaparecieron, como el padre, el abuelo y el tío de Joao Carlos.
Y no sólo él o su madre fueron torturados en la familia. Sus primos Janaina y Edson de Almeida Telles fueron obligados a presenciar, cuando contaban 5 y 6 años, la tortura a la que fueron sometidos sus padres en dependencias militares. Hoy Janaina y Edson rondan los 40 años y también han sido indemnizados. «Mi padre había sido afiliado al Partido Comunista. Yo me inicié en la lucha política con 15 años, cuando los militares dieron el golpe de Estado», cuenta Criméia, quien poco después abandonaba la Universidad para enrolarse, junto a su compañero, en las filas de la guerrilla comunista que se estaba organizando en Araguaia, en la selva amazónica. Su embarazo y el acoso del Ejército empujaron a sus superiores a enviarla a Río de Janeiro, donde fue detenida, junto a su hermana, también activista política en diciembre de 1972. «En realidad fui secuestrada, pues no tenían cargos contra mí», cuenta.
Secuelas
Los interrogatorios y torturas se iniciaron de inmediato, en la cidade maravilhosa. «Y cuando me trasladaron a Brasilia, cesaron las torturas físicas, pero no las psicológicas. Me dijeron que si mi hijo nacía varón, blanco y sano, se lo llevarían. Yo sabía que sería blanco y esperaba que estuviera sano, así que rezaba para que fuera niña... Pero fue niño». Y los militares cumplieron la promesa. «De hecho, lo escondieron durante dos o tres días, para presionarme. Le daban de comer cualquier cosa, y luego tranquilizantes, para que no llorara. Volvía con vómitos, diarreas, gastroenteritis y muy sedado. En el primer mes de vida perdió más de un kilo de peso y se le hundió el pecho por causa de la desnutrición», cuenta la ex activista política.
Después de aquello, tanto Joao Carlos como su madre quedaron marcados. «Él no dormía. Ha tenido siempre miedo de dormir, por las pesadillas. Tuvo acompañamiento neurológico hasta los 10 años, pero no tiene lesiones cerebrales. Lo que tiene son traumas. Todavía hoy no duerme bien. Yo tampoco lo consigo», relata Criméia. «Por eso digo que el delito de torturas no puede prescribir, porque quien fue torturado continúa siendo torturado por los recuerdos toda la vida», afirma la madre del indemnizado.
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