El presidente de la Generalitat, José Montilla, ve con buenos ojos esta petición, que le hizo llegar el síndic major, Joan Colom, el pasado martes durante la toma de posesión de este último para un segundo mandato de tres años. El resto de las fuerzas políticas tampoco se opone a que la Sindicatura tenga estas nuevas capacidades en aras de una mejora de la labor de fiscalización de las administraciones públicas.

Lo que sí prometió Montilla el martes a Colom es que a principios del próximo periodo de sesiones parlamentario, o sea, en otoño, el Govern impulsará la reforma de la Ley de la Sindicatura de Comptes, no sólo para introducir la potestad sancionadora, sino también para delimitar con claridad la división de competencias entre esta entidad y el Tribunal de Cuentas español y para otorgar nuevos cometidos a la Sindicatura, como el de que pueda fiscalizar a los partidos políticos.

La Sindicatura -que en los dos últimos años ha redactado 111 informes, frente a los 13 que se evacuaron en 2003- quiere ir más allá de la mera fiscalización contable y sumergirse en las auditorías de eficacia o de valoración de la gestión. La entidad última algunos informes que se prevén polémicos, como el relativo al caso Pallerols, que será enviado al Parlament en breve.

Así lo explicó Colom ayer acompañado del presidente de la Cámara de Comptos de Navarra, Luis Muñoz, tras reunirse en Barcelona con los presidentes del resto de los tribunales autonómicos de cuentas para analizar tácticas comunes, compartir experiencias y debatir sobre su relación con el Tribunal de Cuentas estatal.