El presidente de la compañía, Alejandro Echevarría, recordó que las medidas para «una reducción cuantitativa y cualitativa de la publicidad» en TVE «siguen sin llegar». Al contrario, denunció que «se está experimentando un incremento notable en los índices de saturación publicitaria» de la cadena, lo cual, en su opinión, «enfatiza los graves defectos concurrenciales que le son propios, al disfrutar de una doble fuente de financiación, pública y privada».

«Esta situación debe cesar de inmediato y el Gobierno debe, de una vez por todas, dar respuesta al compromiso contraído con las televisiones privadas e imponer claros límites publicitarios a las cadenas públicas», añadió Echevarría, dejando claro su deseo de que la medida afecte tanto a TVE como a las cadenas autonómicas.

El segundo contencioso de Telecinco con el Gobierno, coincidiendo con el resto de las privadas, es la obligatoriedad de financiar al cine con el 5% de sus ingresos brutos. «La renombrada Ley del Cine nos ha exigido grandes dosis de resistencia frente a las declaradas intenciones del Ministerio de Cultura de incrementar nuestras aportaciones financieras a la producción cinematográfica llamada independiente», afirmó el presidente de Telecinco. Recordó que la norma que les obliga a invertir el 5% de sus ingresos en cine está recurrida y mostró su esperanza de que sea declarada inconstitucional y contraria a los tratados europeos.

«Por si la imposición de dicha exacción fuera poca injerencia en el principio constitucional de libertad de empresa, el Ministerio de Cultura ha optado, no por mitigarla, como procedía, sino por endurecerla aún más, llevándola a extremos rayanos con la expropiación», aseguró Echevarría.

Acto seguido advirtió al Gobierno que, de no reconducir esta situación, estará «abocada al permanente enfrentamiento».

El departamento dirigido por Carmen Calvo volvió a ser motivo de las pullas del presidente de Telecinco cuando recriminó «la persistente ausencia de una herramienta eficaz en la resolución de los conflictos entre las entidades de gestión de derechos de la propiedad intelectual y los usuarios, entre ellos las televisiones».

Siguiendo con las reivindicaciones, reclamó la pronta aprobación de la Ley General Audiovisual. Denunció que hasta ahora «los textos propuestos apuntaban más a reforzar las facultades intervencionistas del poder público que a liberalizar el sector», aunque se mostró esperanzado con la última iniciativa del Ministerio de Industria.

Por último, exigió al Gobierno «una decidida aportación por parte de las administraciones públicas» para solventar con éxito la puesta en marcha de la Televisión Digital Terrestre. Esa aportación debe provenir, en opinión de Echevarría, «sustancialmente del campo económico».

Buena prueba de la importancia que Telecinco da a los contenciosos de la publicidad y de la Ley del Cine es que sus dos consejeros delegados, Giuseppe Tringali y Paolo Vasile, volvieron a hacer hincapié sobre los mismos en sus respectivos discursos. Ambos expusieron ante los accionistas los mejores datos de audiencia y de publicidad de la cadena, sin olvidar los éxitos cinematográficos, que les permitieron decir que «Telecinco es una cadena de Oscar».