La cantidad pecuniaria corresponde a la liquidación laboral del ejecutivo francés. Es decir, la suma de seis meses de sueldo en concepto de preaviso (1,2 millones), más la indemnización tipificada (4,8 millones), el dinero que va a embolsarse por el compromiso de no trabajar con una empresa del sector en los dos próximos años (2,5 millones).

Un maletón de euros descomunal que resulta particularmente embarazoso en proporción a la crisis que sacude al coloso aeronáutico y en relación a la gestión nefasta del propio Noel Forgeard como presidente de Airbus.

«Esta indemnización es un escándalo y una inmoralidad», decía Ségolène Royal en nombre del Partido Socialista. «El Estado francés, como accionista, tenía que haberse opuesto a esta clase de soluciones».

La reacción de los sindicatos ha sido igualmente virulenta. Acusan al consorcio europeo de haber maniobrado una indemnización provocadora cuando va a llevarse a cabo precisamente la reducción de la plantilla (10.000 puestos), el cierre de algunas fábricas y un reajuste de gastos.

«A los asalariados se nos pide un esfuerzo. Se sacrifican nuestros puestos de trabajo. Se nos amenaza con futuros recortes y con medidas de intimidación. Y, al mismo tiempo, el señor Forgeard se marcha de la casa con 8,5 millones de euros. Esta decisión abre una grieta enorme, insalvable, entre la clase ejecutiva y la clase trabajadora de Airbus», condenaba ayer Bernard van Craeynest en nombre del sindicato CFE-CGC.

La sorpresa y la indignación adquieren mayor peso tendiendo en cuenta que Noel Forgeard ha sido el presidente de Airbus en el periodo crítico y negro de la compañía. Es más, tuvo que dejar el puesto el pasado verano porque su responsabilidad en los retrasos del modelo A380 se añadía al escándalo que se produjo al trascender que él mismo había vendido muchas de sus stock options -opciones de compra sobre acciones- aprovechándose de informaciones privilegiadas.

El negocio le reportó 2,1 millones de euros a título personal y 4,5 millones a los títulos de sus hijos. Todo ello cuando sólo él y unos pocos allegados sabían que la entrega del superavión, producto estrella, no iba a atenerse a los plazos comerciales establecidos originalmente.

«La liquidación del señor Forgeard es una prueba de la inmoralidad que vive la economía», denunciaba ayer François Bayrou en nombre del partido centrista (UDF). «No pueden seguir admitiéndose esta clase de normas privilegiadas ni se puede consentir el hermetismo caprichoso de las grandes compañías. Hace falta una regeneración, una conciencia moral».

Las críticas al pelotazo de Forgeard han puesto de acuerdo a todos los partidos de la izquierda, aunque ha sido Ségolène Royal quien ha ido más lejos al solicitar la retirada del plan de reajuste Powe 8 que fue presentado en febrero como única alternativa a la crisis del consorcio.