NANDO GARCIA
BARCELONA.-
El Departamento de Interior de la Generalitat ha suspendido de empleo y sueldo a un cabo y a cuatro agentes -dos en prácticas- por maltratar a dos detenidos en la comisaría central de Barcelona. El director general de la Policía autonómica, Rafael Olmos, explicó ayer en rueda de prensa que también han denunciado a estos cinco policías ante la Fiscalía de Cataluña.
«Policía democrática y transparente». Este fue el mensaje que Olmos y el secretario general de Interior, Joan Boada, intentaron transmitir ayer al informar sobre estas medidas disciplinarias. Sin embargo, la realidad es que la proliferación de denuncias de arrestados por trato vejatorio en la comisaría de Travessera de Les Corts -por la que ya han pasado más de 21.000 detenidos desde su inauguración el 1 de noviembre de 2005- ha llevado a la Generalitat a adoptar una serie de medidas. La primera ha sido expedientar a estos policías. La segunda, dotar de 40 nuevas cámaras de vídeovigilancia a estas dependencias, que se suman a las 31 ya existentes.
Estas medidas, que los dirigentes policiales y políticos insistieron en calificar de «acto de transparencia y de calidad democrática», pone de manifiesto que se ha detectado un elevado número de irregularidades en el interior de esta comisaría. Tanto Boada como Olmos recalcaron ayer que la suspensión de estos policías «es un hecho aislado». No obstante, los datos evidencian otra realidad.
A finales del pasado mes de marzo, la organización no gubernamental SOS Racismo de Cataluña ya informó de que el cuerpo de los Mossos d'Esquadra estaba a la cabeza de las denuncias y quejas por xenofobia. Por otra parte, en los últimas meses se han disparado las denuncias por vejaciones a arrestados, si bien es cierto que la mayor parte acaban en archivo o absolución. No obstante, no ocurre así en todos los casos. El penúltimo en trascender ha sido el de tres agentes que están acusados de agredir a un joven durante una pelea en una conocida discoteca barcelonesa.
Debido a estas razones y a los avisos de los propios agentes de que había conductas irregulares en esta comisaría, el director general decidió el pasado mes de enero ordenar a la división de Asuntos Internos de los mossos que abrieran una investigación para comprobar si se maltrataba a los arrestados en la comisaría de Les Corts.
Respecto a la suspensión de empleo y sueldo de los cinco policías, tanto Boada como Olmos se negaron a dar detalles de los malos tratos detectados. Unicamente se limitaron a señalar que los dos arrestados fueron golpeados con las manos por los expedientados. Lo que sí trascendió ayer es que la mayor de las pruebas con las que cuentan los Mossos son las imágenes de una vídeocamara de la que no tenían conocimiento los agentes, y en las que supuestamente se aprecian las agresiones.
Fuentes policiales explicaron ayer a EL MUNDO que uno de los polémicos casos -en el que intervinieron tres agentes, dos de ellos en prácticas, y un cabo- se produjo después de que un hombre fuera arrestado por atentado a la autoridad. Durante el traslado a comisaría, el arrestado destrozó una ventana del coche patrulla y, una vez en comisaría, golpeó a varios policías. Los agentes tuvieron que ponerle un casco en la cabeza para que no se autolesionara. En el segundo caso de supuestos malos tratos, fue una agente la que agredió a un detenido.
Los dos arrestados ya han denunciado a los policías que les maltrataron, mientras que uno de los expedientados se enteró ayer de que había sido suspendido al verlo por televisión porque está de vacaciones. Los agentes ya se han puesto en contacto con su abogado.
En las últimas semanas, la comisaría de Les Corts ha copado la actualidad y no precisamente por su buen funcionamiento. Además de las denuncias por malos tratos, a finales del pasado marzo este diario informó de que se había producido un brote de tuberculosis en sus instalaciones debido a sus escasas condiciones de salubridad. Incluso el Colegio de Abogados de Barcelona suspendió las entrevistas con los detenidos. Sólo unos días antes, esta comisaría también se convirtió en foco de atención después de que se tuviera conocimiento de que los responsables de sancionar y vigilar los locales de ocio impartían clases remuneradas a los dueños de estos establecimientos. Asuntos Internos abrió una investigación para esclarecer estos hechos y tras concluirse las diligencias fue destituido un comisario.
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