Los votos de 15 eurodiputados apoyando el texto dejaron en solitario a los tres diputados del Grupo Popular que votaron en contra, y eso que, según el español Luis Herrero, también del PP, es un texto «con el que básicamente estamos bastante de acuerdo». Pero los populares votaron no, porque querían mejorar el texto añadiendo enmiendas, lo que habría retrasado seguramente la votación incluso más allá de las elecciones autonómicas y locales que se celebran el próximo mes de mayo. Con esta clave electoral interpreta Iturgaiz el informe, ya que en su opinión el objetivo era sólo «desgastar» al Ejecutivo valenciano.

Esta comunidad es, precisamente, la que peor parada sale en el informe, ya que además de compartir con Madrid y Andalucía un importante número de denuncias de corrupción urbanística y abusos, recibe las acusaciones de obstrucción y falta de colaboración con la delegación parlamentaria que viajó a España entre el 27 de febrero y el 3 de marzo para realizar el informe.

Para denunciar que la visita no es cuestión de capricho ni una «invención», como se asegura desde Valencia, uno de los ponentes del texto, el británico Michael Cahsman, mostró a sus señorías los dos grandes baúles con las 15.000 peticiones recibidas por ciudadanos denunciando abusos urbanísticos en esta comunidad.

Además, Cashman aseguró que durante la visita aún le entregaron otras 60 denuncias que «describen los desproporcionados sueños urbanos de los urbanizadores, que se han convertido en pesadillas para los ciudadanos».

Para poner freno a estos abusos, los eurodiputados aprobaron también un catálogo de recomendaciones, en el que piden a las autoridades españolas y gobiernos regionales, especialmente al de la Comunidad Valenciana, que «reconozcan el derecho legítimo de las personas a su propiedad legítimamente adquirida» y que definan de manera precisa el «interés general» que puede justificar una expropiación. Además, piden una intervención de la Comisión Europea ante la posible infracción de la ley comunitaria, y exigen garantías legales contra las prácticas encubiertas de ciertos urbanizadores.