Este periódico denunció el pasado mes de noviembre que el Ministerio del Interior había abierto una investigación en ese complejo policial para averiguar las razones por las que se registró un alto índice de afectados por diferentes tipos de tumores. En concreto, en aquellas fechas se habían producido ya cinco fallecidos. Además, durante los 14 meses anteriores se detectaron otros siete casos de cáncer entre los 250 trabajadores. En ese centro se encuentran superordenadores policiales como Clara, sucesor del conocido Berta.

El SUP ya planteó en marzo de 2005 la situación en la que se encontraba este centro del Cuerpo Nacional de Policía, en el que sospecha que «existen elementos susceptibles» de emitir radiaciones. En concreto, en aquellas fechas alertó al Ministerio de que en el complejo de El Escorial existían alrededor de 300 detectores de humo con componentes radiactivos.

Por este motivo, el secretario general del SUP, José Manuel Sánchez-Fornet, ha remitido una carta al director general de la Policía y de la Guardia Civil, Joan Mesquida, en la que le expresa su preocupación por este asunto y le recuerda que, desde que denunciaron tal circunstancia, se han producido tres nuevos casos, según informa la agencia Efe.

En la misiva, Sánchez-Fornet asegura que no se creen el informe elaborado por un grupo de expertos bajo la dirección de Interior tras la denuncia de este sindicato. Dicho informe concluye que no existen razones científicas que puedan relacionarse con la elevada incidencia de cáncer en dicho centro. El propio Mesquida, según informaron fuentes policiales, ordenó otro informe al Laboratorio de Ingenieros del Ejército que llegó a las mismas conclusiones.

La Dirección General de la Policía asegura que, nada más tener conocimiento de la denuncia, realizó también un «profundo y exhaustivo» estudio de todos los casos de cáncer detectados, «sin que en ninguno de ellos se estableciera una causa-efecto entre la enfermedad y las condiciones ambientales». En cuanto a los tres nuevos casos de cáncer que se han registrado, según el SUP, la Policía señala que dos de ellos ya estaban incluidos en dicho estudio y que el tercero no presta servicio en el centro desde hace tres años.

Pese a ello, el sindicato mantiene sus «dudas». Entre ellas, se pregunta si se ha estudiado la posibilidad de que la suma de todas las fuentes radiactivas -radón, amianto, electricidad y ondas de comunicación, entre otras- pueda provocar esta enfermedad a las personas que están en El Escorial.

Si no se ha realizado esta investigación, agrega el escrito, «es una temeridad alegar que no existen causas científicas que expliquen la elevada incidencia de cáncer entre los trabajadores, porque no se han estudiado adecuadamente».

Confirmaría su posición anterior «el hecho de que personal encargado de la medición de radiaciones comentó a algunos funcionarios que había zonas habilitadas para el descanso que no eran aptas para dicho uso, debido a que lindaban con un centro de transformación de 220.000 voltios», extremo que, según sostiene, no consta en el informe que les han remitido.

«Tampoco observamos en el mismo que se cite la precariedad estructural, la poca ventilación, las humedades o riesgos eléctricos que padecen quienes allí desempeñan su trabajo», añade.

Sánchez Fornet señala que su «impresión» es que «no se quiere reconocer» la relación «causa-efecto» de la enfermedad por el coste que supondría realizar las modificaciones pertinentes.

Ante esta situación, el dirigente del SUP solicita en el escrito remitido al director general de la Policía y de la Guardia Civil que se proceda al estudio oportuno para el desmantelamiento del Centro de Proceso de Datos y que éste se divida en dos edificios separados entre sí. A su juicio, esta medida permitiría distribuir en distintos centros los materiales contaminantes allí concentrados, con el fin de reducir las «emanaciones que están provocando cáncer a los policías y funcionarios». Pide que se remita el «polvo del tóner» de fotocopiadoras a un centro de residuos y no se almacene en dicho edificio.