El primer paso está ya dado, después de que se aprobó una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno a promulgar una ley de distribución. Esta propuesta, presentada por Convergència i Unió (CiU), ha sido asumida por la Comisión de Industria del Congreso. Ahora, es probable que se elabore otra proposición, que contaría con el apoyo de los principales grupos políticos y que estaría destinada a la Comisión de Economía.

Realmente, hace dos años se elaboró ya una ley de distribución por parte de la Comisión de Codificación, pero no llegó a ver la luz por falta de voluntad política. Ahora, los concesionarios de automóviles así como otras asociaciones de distribuidores de artículos de otro tipo, deberán lograr que la Comisión Electoral autentifique las firmas -al menos 500.000- con las que deberán demostrar el apoyo popular de dicha propuesta.

Mientras tanto, los concesionarios seguirán haciendo presión a través de las Cámaras de Comercio de las diferentes provincias en las que suelen tener un importante peso específico, que deberían expresar la necesidad de dicha ley.

Antonio Romero espera que el nuevo reglamento acabará con las sorpresas en las sentencias judiciales y pondrá fin a lo que considera que es un exceso de poder por parte de las marcas. «Defendemos empresas con capital español mientras que los de las marcas son extranjeros», añadió.

Además cubriría un vacío que ahora existe en la regulación de las diferentes modalidades de contratos que se utilizan en la distribución comercial que la legislación comunitaria tampoco ha cubierto. Y el anteproyecto de Ley de Contratos de Distribución, que se publicó en febrero de 2006, tampoco soluciona el problema.