Un comunicado emitido por el Consistorio subraya su rechazo hacia «cualquier tipo de actuación que suponga discriminación por razón de lengua». Con la intención de esclarecer lo sucedido, el Ayuntamiento abrió diligencias administrativas después de que la doctora Vegué fuera despedida el pasado 16 de marzo de su empleo en el servicio médico de las instalaciones deportivas, de titularidad municipal.

El Ayuntamiento mostró su respeto al derecho de cualquier empresa para gestionar y tomar decisiones en el ámbito de las relaciones laborales con sus trabajadores dentro del marco legal, si bien «no puede compartir los motivos alegados para el despido» de Anna Vegué, que trabajaba exclusivamente en este centro. Por ese motivo, el Ayuntamiento de El Prat ha trasladado por escrito este firme posicionamiento a la empresa concesionaria, a la que reclama que devuelva a la doctora el puesto de trabajo.

La empresa SEAE alega en la carta de despido que la decisión de dejar a la empleada sin trabajo responde a la «multitud de quejas recibidas por parte de los usuarios» del centro en relación con «la negativa a utilizar el idioma castellano». En esa misma misiva, el presidente de la gestora de la instalación reconoce que el despido es improcedente. Por ello, ofrece a la doctora la máxima indemnización.

Por su parte, la doctora Vegué no ha aceptado el despido, y ya ha denunciado los hechos ante el juzgado social de primera instancia de Barcelona. El sindicato CCOO, que asesora a la trabajadora afectada, no descarta llegar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

La empresa SEAE, con sede central en Esplugues de Llobregat, ostenta un contrato de prestación de servicios relacionado con las actividades deportivas del centro deportivo municipal al que estaba adscrita, por cuenta de la compañía, la doctora Anna Vegué.