Esta vez se trata de recuperar un antiguo partido totalmente legal, fundado en 1930, que no se presentaba a las elecciones desde las generales de 1977. Obtuvo 6.435 votos.

El Ejecutivo expresó ayer su voluntad de intentar impedir que Batasuna pueda utilizar el partido Acción Nacionalista Vasca (ANV) como plataforma para estar presente en las elecciones municipales y forales del 27 de mayo.

De hecho, las Fuerzas de Seguridad empezaron a recabar datos para la Fiscalía y la Abogacía del Estado, en cuanto se tuvo conocimiento ayer mismo de que esta formación se ha inscrito para concurrir a las elecciones en el País Vasco y Navarra. Se investigan los miembros de sus órganos de dirección y los administradores que acudieron ayer a las juntas electorales. Sin embargo, fuentes oficiales admiten las dificultades legales que provoca la izquierda abertzale en su desafío para estar presente en las urnas. Interior asegura que esta maniobra no es la definitiva.

En este caso concreto, se utiliza un formación que, según el registro de partidos políticos del Ministerio de Interior es legal desde el 14 de abril de 1977 con sede en Bermeo (Vizcaya) y, aunque estuvo en el origen de Herri Batasuna, sigue siendo totalmente legal.

Tanto, como que el Gobierno de José María Aznar le dio 700.000 euros en 2001 como liquidación de su patrimonio histórico incautado en la Guerra Civil, ya que su origen está en 1930. Cuando se debatió la ley que permitió esa indemnización, según consta en el Diario de Sesiones, Del Burgo defendió la ley del Gobierno Aznar y puso como ejemplo de su correcta aplicación las devoluciones efectuadas hasta el 31 de diciembre de 2001, citando expresamente el caso de ANV, al que definió como «un partido que en estos momentos está prácticamente inactivo», informa Europa Press.

Los responsables de Interior ya habían barajado la posibilidad de que estas siglas fueran utilizadas para ir a las urnas. Por eso, ya habían constatado que los promotores cambiaron en 2002 en el citado registro los nombres de los responsables legales y todos ellos están limpios, es decir, no tienen ninguna relación probada con Batasuna o con ETA.

En esa fecha celebraron un congreso y figura como máximo dirigente Kepa Bereciartua.

Se trata, por tanto, de proceder contra un partido que ya es legal, a diferencia de lo que se hizo hace un mes con ASB, la formación promovida por Batasuna, cuya inscripción se denegó. La única forma de actuar contra ANV, según las citadas fuentes, es esperar a conocer las candidaturas concretas que registre el 23 de abril, fecha tope para la presentación de las listas.

Si hay personas vinculadas a Batasuna, la Abogacía del Estado y la Fiscalía General del Estado podrán actuar. El Gobierno puede instar un incidente de ejecución de la sentencia que ilegalizó Batasuna, si consigue acumular pruebas sobre su vinculación con ETA o su entorno.

La Ley de Partidos Políticos señala que «se presumirá fraudulenta y no procederá la creación de un nuevo partido político o la utilización de otro ya inscrito en el Registro que continúe o suceda la actividad de un partido declarado ilegal y disuelto».

El propio ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró ayer en Barcelona que a Batasuna «no le servirán los antifaces» y reiteró que intentarán evitar su presencia en las urnas, siempre que se cumpla la Ley de Partidos.

En la sentencia del tribunal Constitucional que ilegalizó Batasuna, Herri Batasuna y Euskal Herritarrok en 2004 hay una única referencia a ANV, pero sólo como antecedente histórico de estas formaciones abertzales. Así, los recurrentes aseguran que Herri Batasuna surgió en 1978 como coalición de cuatro partidos: LAIA, ESB, HASI y ANV.

El fallo no menciona a ANV y por eso sigue siendo legal en el registro de partidos. Además de las candidaturas, Interior asegura que vigilará los actos que pueda celebrar esta formación para intentar buscar vinculación a formaciones ilegalizadas.

En esta estrategia, los abertzales primero presentaron en el registro de partidos al ASB dando por hecho que sería ilegalizado; ahora podrían utilizar a ANV; preparan cientos de agrupaciones electorales y aún tienen más posibilidades en la recámara, y aún queda tiempo hasta el 23 de abril para dar nuevos pasos. La limitación de tiempo podría colapsar el procedimiento de aplicación de la Ley de Partidos.