El artículo en cuestión dejaba en manos de las sociedades de gestión de derechos de autor, como la SGAE, la capacidad de solicitar a los prestadores de servicios de internet la retirada o el bloqueo de contenidos en la Red que ellas mismas consideraran ilícitos. Por su parte, dichos prestadores estaban obligados a obedecer en el caso de no recibir respuesta de los presuntos infractores.

Esta semana se hizo público parte del dictamen del Consejo de Estado, órgano consultivo del Gobierno, sobre el texto de la futura LISI, en el que se criticaba duramente la introducción de este artículo de manera «tardía» y sin informar a los consumidores o al consejo asesor técnico para la sociedad de la información (Catsi).

Varias asociaciones de usuarios pusieron el grito en el cielo y alertaron de que la medida podría vulnerar la obligación del mandamiento judicial para intervenir publicaciones.

Estaba previsto que el texto del anteproyecto de la LISI fuese enviado inmediatamente al Consejo de Ministros.

Mientras, la desconfianza por parte de las asociaciones de usuarios va en aumento. El presidente la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, comentó que su organización, junto con la Asociación de Usuarios de Internet, han solicitado «con urgencia» una reunión para pedir al Gobierno más información. «Queremos saber cómo es el texto que se baraja ahora, porque no lo conocemos después de los últimos cambios», afirmó.

Por su parte, el director general de la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual (FAP), José Manuel Tourné, quiso aclarar que la razón del artículo era la de «ponerse a la altura de Europa».

Tourné afirmó que «en toda Europa», y debido a la directiva 2001/31/CE, «los prestadores de servicios con un conocimiento de que se realizan infracciones también son responsables y deben estar obligados a impedirlo».

«Esto», añadió, «requiere naturalmente un proceso judicial, pero lo que se pretendía era agilizar las medidas cautelares».

Tourné puntualizó además que el 17 bis pretendía «combatir la actividad comercial ilícita de obras protegidas, por lo que establecía el procedimiento de notificación y retirada sólo para los sitios web comerciales, mientras que para los usuarios de software P2P sólo establecía la notificación como medida de concienciación y siempre con todas las garantías judiciales».