El fiscal anticorrupción Luis Rodríguez Sol acudió al refranero germánico para sostener ayer ante la Audiencia de Madrid la culpabilidad de Aida Alvarez, la comisionista del PSOE condenada a dos años y cuatro meses de prisión por el caso Filesa, en el entramado de presunta corrupción que giró en torno a la concesión de licencias urbanísticas a Seat para cambiar el uso de los edificios industriales que poseía en el Paseo de la Castellana, de Madrid, y poder vender dos de ellos como oficinas al precio de 8.000 millones de pesetas del año 1989.

La acusación pública expuso ante la Sección Penal Cuarta su informe final tras un juicio que comenzó el pasado 12 de diciembre y que, desde entonces, ha registrado dos bajas en la fila de los acusados.

El fiscal retiró la acusación contra Juan Antonio Díaz, en aquel momento presidente del consejo de dirección de Seat, y el arquitecto municipal Ignacio Aguirre, y ha limitado el banquillo a los tres implicados que, según dijo ayer, se repartieron «la tarta»: los 150 millones de pesetas que Seat entregó mediante un cheque, más otros 25 millones en metálico, a cambio de que desaparecieran las objeciones que habían surgido en la Junta Municipal de Chamartín para la concesión de las licencias.

El rastro dejado por el dinero, que los peritos de la Agencia Tributaria escudriñaron durante años a partir de febrero de 1993, cuando EL MUNDO puso al descubierto los hechos, es para el fiscal mucho más que humo. Rodríguez Sol habló de «pruebas contundentes» y se preguntó «cómo los acusados dejaron tantas pistas».

Él mismo dio la respuesta: aquel viernes 29 de julio de 1998, con la gente en trance de iniciar sus vacaciones y los bancos a punto de cerrar, «había prisa por cobrar» el fruto del cohecho.

La «torpeza» de los acusados, unida a la «sensación de impunidad» que pudieron tener en una época en la que su partido gobernaba con mayoría absoluta, explicaría que Juan Carlos Mangana -considerado otro recaudador de fondos para el PSOE y condenado a un año de prisión por el caso AVE- ingresara ese día en su cuenta personal cinco millones de pesetas procedentes del inicial talón de Seat; que el técnico municipal Arturo García Barbeira hiciera lo propio con otros 13 millones y que Aida Alvarez empleara su parte, 45 millones, en la compra de su domicilio particular, un chalé en una exclusiva zona del barrio de Chamartín.

Según el fiscal, fue García Barbeira, al que correspondió examinar las licencias pedidas por Seat, el que informó a Mangana (amigo y concuñado suyo) del expediente urbanístico. Mangana puso al corriente a Aida Alvarez y ésta se entrevistó con el entonces embajador de Alemania en España, Guido Brunner, «el gran urdidor de la trama», manifestó Rodríguez Sol.

El diplomático ya fallecido, que también se habría quedado con su parte (los expertos de Hacienda detectaron en sus cuentas ingresos por valor de 22 millones de pesetas), fue el que solicitó el dinero a los directivos de Seat aprovechando el ascendiente que el embajador tenía sobre una compañía que había pasado a ser propiedad de la alemana Volkswagen.

En cuanto Seat pagó, las licencias -que García Barbeira había tenido paralizadas durante cinco meses- fueron aprobadas. Para el acusador público, esa concesión fue un acto injusto por oponerse a las normas urbanísticas aplicables, extremo que el técnico municipal conocía. La suya fue «una actuación claramente contraria a los deberes de su cargo», manifestó el fiscal anticorrupción.

Rodríguez Sol, que pide cuatro años de prisión para Barbeira, dos para Mangana y dos para Alvarez, admitió que durante la larga instrucción del proceso no se ha podido averiguar el destino del resto del dinero. «Se habla», dijo, «de la financiación de algún partido. Esa cuestión, desgraciadamente, va a quedar sin saberse. Pero está clara la parte de la tarta que los acusados se reservaron para ellos».