Así lo explicó el vicepresidente segundo y portavoz del Gobierno de la Comunidad, Ignacio González. La única condición para tener derecho a esa segunda opinión es que la patología sea grave. Esto, según el citado borrador, significa que sea una enfermedad o dolencia que suponga un riesgo para la vida del paciente, que conlleve una invalidez crónica o severa que le incapacite para su vida cotidiana o que se trate de un caso de enfermedad rara que reúna esas características. Sólo se podrá solicitar esa segunda opinión para fines puramente asistenciales.

Como explicaron fuentes de la Comunidad de Madrid, el procedimiento sólo se podrá realizar una vez en cada proceso asistencial y la solicitud se deberá presentar por escrito en el centro hospitalario donde se haya recibido la asistencia sanitaria.

La medida fue ayer mal recibida tanto por el PSOE como por la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, una organización que casi siempre coincide con los socialistas. Aunque el motivo del rechazo fue opuesto en uno y otro caso. Los socialistas creen que la segunda opinión médica ya está regulada (aunque no se ejerce) y la Federación de Asociaciones consideró que hay otras prioridades.

El portavoz de Sanidad del PSOE en la Asamblea, Lucas Fernández, indicó que la segunda opinión médica está recogida en la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad Autónoma de Madrid (Loscam), «una norma que lleva en vigor seis años» y que «no se ha puesto en marcha en este tiempo». Precisamente, el decreto vendría a desarrollar esta parte de la norma.

La Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública cuestionó la decisión de regular la obtención de una segunda opinión médica porque el Gobierno regional es «incapaz de garantizar unos tiempos de diagnóstico razonables para la población, con los serios problemas para su salud que ello conlleva». «Lo primero por lo que debe de preocuparse la Comunidad es por garantizar una primera opinión en un plazo razonable que no debería exceder los tres meses (incluyendo consulta del especialista, las pruebas y los resultados)», planteó la entidad, para la que sólo entonces tendría sentido garantizar una segunda opinión, algo que «puede ser conveniente», admitió, informa Europa Press.