En un año, el conductor suma 45 infracciones, según parece, todas ellas por exceso de velocidad. En muchos casos superó el límite en más de los 70 kilómetros por hora que, en vías interurbanas, convertirían la infracción en un delito de conducción temeraria según el futuro código penal.

Las infracciones las cometió en la AP-9, A-52, A-55, AP-9V, vías gallegas que atraviesan las provincias de Pontevedra, Orense y Lugo, en la A-6, a su paso por Castilla y León, y en la A-49, en Andalucía.

Desde la Jefatura de Tráfico se asegura que se agotaron todos los procesos ordinarios de notificación de las resoluciones al conductor por lo que se trasladó el expediente al Subsector de Tráfico de la Guardia Civil que logró localizar al conductor y proceder a su imputación como autor de un delito contra la seguridad del tráfico.

Pese a la supuesta abundancia de pruebas que debe poseer la Guardia Civil, sorprendentemente, la foto distribuida ayer fue tomada por un radar fijo en la A-6, un mes antes de la implantación del carné por puntos. Por otro lado, también sorprende que en el comunicado difundido se mencionan velocidades de 225 y 230 kilómetros por hora, muy superiores a la máxima que se anuncia para el modelo. Es posible que en ciertos momentos un vehículo pueda superar en algo la velocidad máxima homologada por el fabricante, como en el caso de la foto, en que rueda a 219 kilómetros por hora, pero es dudoso que pueda hacerlo en 15.

Este es un caso extremo de la falta de rapidez en la notificación de las infracciones. Desde la DGT se cuantifica en cientos de miles los puntos perdidos por los conductores españoles, pero se desconoce cuántos han sido advertidos eficazmente de esta pérdida. En tramos urbanos por ejemplo, el sistema informático que debía respaldar el carné apenas está operativo en las capitales más importantes.

R.M.A.J, además de perder los puntos, deberá pagar 8.000 euros en multas, se enfrenta a penas de prisión de hasta dos años y a la privación del permiso de conducir durante seis años.